La Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades presentaron el Reporte de Inclusión Financiera - RIF - 2018, en el que además de medir los avances del país, se identifican las prioridades y objetivos estratégicos para lograr que más colombianos se beneficien de productos y servicios financieros seguros, confiables y que respondan a sus necesidades.

En 2018 Colombia alcanzó nuevos hitos en materia de inclusión financiera. Tal es el caso de los indicadores de cobertura financiera en los que se alcanzaron los 465 puntos de acceso por cada 100 mil adultos, es decir, 91 puntos más que en 2017, manteniendo además la cobertura universal en los 1.102 municipios del territorio.

De esta manera, el indicador de inclusión financiera pasó de 80,1% en 2017 al 81,4% al cierre de 2018, lo que equivale a un total de 28 millones de adultos con acceso a por lo menos un producto financiero en el país.

La digitalización de productos y servicios financieros ha contribuido significativamente al aumento registrado en el indicador de inclusión financiera. Este comportamiento se evidencia en que, por primera vez, las transacciones financieras realizadas a través de internet (3.151 millones) superaron a las de las oficinas (551 millones), tanto en número como en monto ($2.798 billones en internet frente a $2.691 billones en oficinas).

En esta octava versión del Reporte de Inclusión Financiera se destaca además la entrada en funcionamiento de la primera Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE -, que facilita y simplifica la recepción de dineros del público mediante el depósito electrónico y la prestación de servicios como pagos, transferencias, giros y recaudos.

Estos logros permitieron que en 2018 Colombia continuara liderando el escalafón mundial del Microscopio Global que realiza The Economist Intelligence Unit para evaluar el ambiente para la inclusión financiera en 55 países y se consolidara como el tercer ecosistema Fintech, de acuerdo con Finnovista.

Retos en materia de inclusión financiera
Si bien el país ha mostrado importantes avances, persisten dos grandes retos. Por un lado, vincular financieramente a 6,3 millones de adultos colombianos, es decir, un 18,6% del total de la población mayor de edad del país. Igualmente, se requiere incrementar el nivel de uso de los servicios financieros, ya que para 2018 el 84% de los adultos con productos financieros los tenían activos o vigentes.

Las brechas en el acceso a productos financieros se evidencian en la medida en que aumenta la ruralidad de los municipios, de modo que mientras el indicador de inclusión financiera promedio fue de 88,7% para las ciudades y aglomeraciones, para los municipios rurales dispersos dicho indicador fue de 55,4%. Igual rezago se observa entre los jóvenes o centennials (18 a 25 años), cuyo indicador de inclusión financiera fue de 57,3%, frente al de la población entre los 41 años y los 65 años o baby boomers, en el que se registró un 89,1%.

Son justamente estos segmentos de la población en los cuales se enfocan los esfuerzos de la estrategia gubernamental con el fin de ampliar la profundización financiera entre los jóvenes, las mujeres y la población rural.

Por género, el 80% de las mujeres adultas del país tenía acceso a al menos un producto financiero, en comparación con el 82,6% de los hombres. La mayor brecha se observó en el nivel de los desembolsos de créditos, en el que los montos promedio de los préstamos otorgados a mujeres fueron inferiores al de los hombres.

A 2018, el 20% de los municipios con los niveles de pobreza más bajos registraron un indicador de inclusión de 86,3% en contraste con el 20% de los municipios con mayor pobreza este indicador fue de 59,2%.

Se llevó a cabo la tercera sesión de las cinco mesas de trabajo creadas por la Superintendencia de Sociedades para estudiar el articulado del proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para reformar el Régimen General de Sociedades y el Régimen de Insolvencia.

En esta oportunidad la discusión se centró en temas como: la confección del inventario de liquidación, funciones del liquidador y todo el proceso con los acreedores.

"El objetivo es hallar mecanismos idóneos para que el proceso pueda surtirse de una manera rápida y eficiente, con límites de tiempo, pero siempre protegiendo tanto a los inversionistas como a los acreedores durante el proceso. El objetivo no necesariamente es llegar a un acuerdo, sino que queden expuestos los puntos principales para que después en la regulación final, tengamos en cuenta todos esos puntos de vista", afirmó el Delegado de Asuntos Económicos y Contables, Ricardo Molano, presidente de la mesa #4 donde se discuten temas de disolución, liquidación, sociedades fachadas y afines. En esta mesa participan representantes de Asobancaria, de firmas de contaduría, académicos y abogados con experiencia en temas de disolución y liquidación de compañías.

"La asistencia ha sido mayor de la que esperábamos, nos han enviado no solamente sus comentarios por correo y han estado haciendo preguntas y sugiriendo otros temas, sino aquí en vivo y en directo las participaciones han sido muy positivas, distintas opiniones, opiniones encontradas, pero todas muy respetuosas y aportando sobre todo para el mejoramiento del proyecto", aseguró el Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, Carlos Gerardo Mantilla, presidente de la mesa #2 donde se discuten temas de accionistas y afines.

En el próximo encuentro esta mesa discutirá temas procesales y de responsabilidad de accionistas, que buscan la flexibilización de las sociedades unipersonales y las empresas unipersonales, de manera que se puedan reducir algunos requisitos de funcionamiento.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 55, 126-1, 126-4, 206, 206-1, 235-2, 383, 387 y 388 del Estatuto Tributario y se modifica, adiciona y sustituyen artículos del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”, el cual reglamenta la retefuente a rentas de trabajo en personas naturales.

La entidad recibirá comentarios hasta el 19 de junio.

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

Las empresas de la industria cosmética de los países que integran la Comunidad Andina, CAN, podrán comercializar sus productos con mayor facilidad en la región, gracias a la armonización de la regulación en materia de productos cosméticos que permite tener requisitos y procesos comunes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Después de cuatro años de trabajo entre las autoridades sanitarias de los socios de la CAN, se actualizó el marco normativo comunitario de los productos cosméticos, protegiendo la salud y facilitando la comercialización de estos bienes.

Con esta armonización se logró conseguir procesos más ágiles y la eliminación de aquellos requisitos innecesarios, como la autorización del fabricante y el Certificado de Libre Venta que se exige solo a los productos importados.

En la adopción de esa norma participaron los ministerios de Comercio y de Salud, las autoridades nacionales en regulación sanitaria y el gremio cosmético de los cuatro países. Además, contó con la opinión de la OMC y la FDA.