El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto al Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, anunciaron la reactivación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), con el fin de coordinar las políticas nacionales y territoriales para impulsar la productividad, la competitividad y la innovación en las regiones del país.

En la primera reunión que realiza el Gobierno del Cambio para reactivar este sistema, participaron la directora del Dapre, Laura Sarabia; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes y el director del DNP, Alexander López, entre otros altos funcionarios del Gobierno del Cambio, y se acordó que el SNCI sea el gerente de los grandes proyectos de desarrollo del país.

Allí se acordó que esta reactivación irá acompañada de la definición de algunos representantes del sector privado, de la academia y del sector popular que harán parte de la administración del Sistema y podrán participar activamente en la deliberación y toma de decisiones estratégicas.

La actualización del Sistema se adoptó mediante el decreto 2212 de 2023, y tiene entre sus objetivos adaptar la institucionalidad nacional y regional a los planteamientos de nuevas políticas, como la de Industrialización que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.

Así mismo, el SNCI contará con la participación de representantes de la Economía Popular, quienes participarán en las deliberaciones sobre políticas públicas para mejorar la competitividad y la innovación, de manera que se logre garantizar la atención de las necesidades de este importante sector de la economía del país.

A esto se suma que el Consejo Nacional de la Economía Popular, reglamentado mediante el decreto 2185 de 2023 y cuya principal misión es formular la política pública para la Economía Popular, trabajará en forma coordinada con el SNCI para generar espacios que permitan para su visibilidad, fortalecimiento e impulso.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, destacó que “en esta nueva etapa del Sistema buscamos seguir impulsando la reactivación económica del país a través de grandes proyectos que traerán desarrollo social, económico, empleo e inversiones a los territorios”

El alto funcionario agregó que “tenemos el propósito de trabajar de manera coordinada con las diferentes entidades del Gobierno nacional y con las autoridades locales y de los departamentos para lograr una economía descarbonizada y cada vez más orientada a la innovación y el conocimiento".

Bajo este nuevo modelo, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación propone centrarse en tres acciones fundamentales a nivel nacional y regional.

La primera incluye hacer un despliegue en el territorio para comunicar las políticas públicas relacionadas con productividad y competitividad, y facilitar el trabajo con los gobiernos locales. Esto implica seguir apoyando instancias territoriales como las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y sus miembros, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar las Agendas de Competitividad en las que se incluirán proyectos sólidos y bien estructurados, que den respuesta a las necesidades y transformen de forma positiva las realidades de las regiones.

La segunda busca mejorar la relación Nación-Territorio, a través de espacios de diálogo. Para ello, el Comité de Territorialización seguirá cumpliendo la labor de ser la instancia que recoge y tramita las visiones y necesidades de lo territorial y lo nacional.

Y la tercera plantea construir una Agenda Nacional de Competitividad e Innovación –que estaría lista en agosto- en la que se incorporen las necesidades de los territorios y se identifiquen los mecanismos de gestión de esos proyectos para ponerlos en marcha en todas las regiones del país. Esto implicará mayor coordinación y diálogo entre los niveles territorial y nacional para sacar adelante los proyectos clave de desarrollo.

La Superintendencia de Sociedades con el fin de articular y sumarse a los esfuerzos del Gobierno Nacional para la reactivación económica y la generación de empleos sostenibles, a través del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, ha convocado a una jornada de diálogo a las agremiaciones de todos los sectores económicos para presentar su apuesta de salvamento empresarial.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “esta es una iniciativa innovadora, fundamentada en acciones concretas construidas desde una perspectiva regional y nacional a partir de un diálogo constructivo con unidades de negocio de la economía popular, las MiPymes y las grandes empresas. Desde la Superintendencia hemos venido impulsando una estrategia que se enfoca en la Promoción de Empresas para la Reactivación Económica; el Mejoramiento del régimen concursal, de la insolvencia al salvamento empresarial; y Haciendo recomendaciones la presentación de reportes de sostenibilidad.”

Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" el cual establece como uno de los ejes centrales la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, el cual le apunta a la Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible, fomentando el crecimiento y salvamento empresarial.

En la entidad consideramos que para poner nuestro régimen legal a tono con las tendendencias regulatorias internacionales, debemos avanzar los siguientes tremas: (i) la protección a los pequeños acreedores, (ii) la agilización de los procesos, (iii) la promoción de la reestructuración financiera y operativa de las empresas, y (iv) el fortalecimiento de la confianza en las normas regulatorias del régimen concursal.

La Superintendencia de Sociedades está firmemente convencida de que esta propuesta es un paso crucial en sus esfuerzos por construir una economía colombiana más fuerte y resiliente. Confía en que tendrá un impacto positivo y duradero en las empresas de todos los tamaños, así como en los trabajadores y la sociedad en general.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa y se dictan otras disposiciones”.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 20 de julio de 2024.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

La gestión de recuperación de la cartera morosa no se detiene en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por eso, otros 16.000 contribuyentes que no atendieron el llamado de la entidad y fueron denunciados por el delito de omisión de agente retenedor, serán citados los próximos días a comparecer a la DIAN, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.

Este grupo hace parte de los 242.280 contribuyentes que, con corte a mayo de 2024, adeudan $10.7 billones y quienes, en nombre del Estado, son agentes retenedores. Es decir, son personas naturales o jurídicas que por expresa disposición legal retienen parte de los tributos o recaudan el impuesto sobre las ventas (IVA) o el impuesto nacional al consumo cuando los ciudadanos hacen una compra o consumen un servicio gravado con alguno de estos dos impuestos.

Esta cifra de $10.7 billones incluye $5.3 billones de impuestos que deben 487 Grandes Contribuyentes, quienes deberán compensar estas obligaciones en mora dentro del plazo establecido por la ley.

Resultados de las citaciones anteriores
En las diferentes acciones de cobro que a diario adelanta la administración tributaria para recuperar esta cartera, el mes anterior se citaron a comparecer a las instalaciones de la DIAN de todo el país a 41.784 representante legales y/o obligados. Estas citaciones han servido para darles a conocer las consecuencias penales de no pagar lo que deben y evitar ser denunciados en la Fiscalía.

De estos citados, 16.225 han atendido el llamado y han pagado la deuda o gestionado soluciones de pago por valor de $616.882 millones. Los demás deben acercarse a las dependencias de cobro de la entidad a nivel nacional, antes del 15 de julio, y buscar una solución para normalizar su situación. De esta manera evitarán que el proceso, establecido en el artículo 402 del Código Penal, continúe.

Entre abril y junio hubo 22.000 nuevos deudores por estos conceptos, por lo que la DIAN reitera a los contribuyentes la importancia de cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias, consignar los recursos que son de la Nación dentro de los plazos establecidos y evitar, tal como lo prevé la ley, procesos penales que son castigados con privación de la libertad.