Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2023, un total de 5.438.850 personas naturales cumplieron con la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2022. Esto representa un incremento del 25 % frente al año gravable 2021, con un aumento de 1.086.794 declarantes.

En total, la cifra de recaudo por este concepto fue de $19,66 billones, lo que representó un aumento del 30,2 % frente a los $15,1 billones recaudados en el año gravable 2021.

De otro lado, la Dian dispuso 5.273.072 declaraciones sugeridas en su propósito de acercarse al ciudadano y de simplificar el cumplimiento y el pago voluntario del tributo. Desde el pasado 22 de septiembre, la entidad implementó un mecanismo más cercano, amigable y ágil para facilitar todo el proceso de diligenciamiento, presentación y pago.

En relación con las formas de presentación del impuesto de renta, el 97,4 % de personas hicieron el trámite en línea, mientras que el 2,6 % restante lo hicieron en las oficinas de las entidades bancarias autorizadas.

Del total de $19,66 billones recaudados, $4,5 billones corresponden al valor del saldo que debieron pagar los ciudadanos al presentar la declaración y el resto corresponde a la retención en la fuente que se hace a lo largo del año gravable. De los pagos recibidos, el 60 % fueron de manera electrónica, y el 40 % de manera presencial en los bancos autorizados. Esto representa un aumento del 5 % del pago electrónico, que en el año anterior fue del 55 %.

De igual forma, la gestión de la entidad permitió llamar la atención de los ciudadanos que debían declarar y que no habían cumplido con su obligación dentro de las fechas de vencimiento. De ellos, 384.925 presentaron su declaración de manera extemporánea.

Con respecto a los canales de atención de la entidad, durante los meses de vencimiento de este impuesto, fueron atendidos 633.813 ciudadanos, tanto de manera presencial como virtual. La ciudadanía hizo uso de estos canales para recibir orientación en temas como actualización o inscripción en el RUT, creación y habilitación de cuenta, información exógena, firma electrónica, diligenciamiento, presentación y pago de la Declaración del Impuesto de Renta y Complementario para personas naturales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, lanzó el Premio Fiscal 2023 'La factura electrónica me premia', una estrategia con la que busca que las personas exijan siempre la factura electrónica cada vez que adquieran un bien o servicio. En esta oportunidad, los premios consisten en bonos que van desde los $100.000 hasta los $10 millones de pesos, que serán sorteados entre quienes hagan compras del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2023 y cumplan con el requisito.

Para participar, no es necesario hacer inscripción de las facturas electrónicas, pues al ser expedidas, se registran de forma automática en el Sistema de Facturación de la DIAN. Lo que deben hacer las personas, simplemente, es exigir y verificar que la factura haya sido expedida a su nombre y enviada a su correo de manera inmediata.

Luis Carlos Reyes Hernández, Director General de la DIAN explicó que en total serán sorteados 2.710 bonos de $100.000; 80 bonos de $1.000.000; y 10 de $10.000.000., con el fin de que exigir la factura electrónica y verificar que se haya enviado a la DIAN se vuelva un hábito que facilita el control efectivo de los impuestos pagados por la ciudadanía que financian el desarrollo económico y social del país.

El Director General de la entidad también pidió a los facturadores electrónicos que expidan este documento con todos los requisitos de ley y sin exigir a los compradores más datos de los necesarios, que son tres: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico.

Es importante tener en cuenta que esta actividad se basa en lo consagrado en el artículo 618-1 del Estatuto Tributario, que establece el Premio Fiscal y le permite a la administración tributaria la ejecución de estas estrategias para fomentar la cultura de la contribución.

Del Premio Fiscal no podrán participar las facturas electrónicas emitidas a los servidores públicos de la DIAN, tampoco a quienes tengan contratos de prestación de servicios con la entidad, así como personas naturales calificadas como grandes contribuyentes, quienes expidan factura electrónica a nombre propio, y las facturas expedidas a consumidor final identificado con el número 222222222222.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y Banca de las Oportunidades, el 19% de las personas naturales que accedió al crédito por primera vez en ese año lo hizo a través de microcréditos, lo que evidencia el impacto de esta modalidad crediticia como herramienta para el acceso al financiamiento productivo.

Colombia, al igual que otros países en desarrollo, ha implementado programas de microcrédito para fomentar el emprendimiento y reducir la pobreza. Estos programas permiten a los individuos y pequeños negocios acceder a financiamiento, ya que las entidades financieras emplean diferentes tecnologías de análisis y fuentes de información alternativas que permiten identificar mejor el perfil crediticio del deudor.

Para conocer el documento de la Superintendencia Financiera, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó una respuesta a una consulta elevada ante la entidad sobre la contabilidad en una JAC, por medio del Concepto 464 del 20 de octubre de 2023.

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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Documento de Orientación Técnica 21 – Aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sector de la economía solidaria. Este es un documento guía sin carácter vinculante que permite a los usuarios llevar a cabo los trabajos de revisión y verificación del proceso de preparación, formulación y presentación de la información financiera correspondiente a las entidades pertenecientes a este importante sector económico y social.

El documento, revisado y aprobado en la sesión ordinaria del nueve de octubre de 2023 del CTCP, tiene su fundamento en el borrador entregado por el Comité Técnico de las Entidades Sin Ánimo de Lucro a finales de agosto y es el resultado de años de trabajo de los miembros de esta instancia técnica, en especial del subcomité de la Economía Solidaria. El estudio partió de la base conceptual según la cual las organizaciones solidarias son simultáneamente asociaciones de personas que se unen con el propósito de brindar soluciones a sus necesidades y empresas que desarrollan actividades que deben ser sostenibles para llevar a cabo su objeto social. Su modelo socio-empresarial es reconocido y tipificado en el marco constitucional, legal y reglamentario como de interés público y sujeto a promoción y protección.

Dentro del marco normativo vigente, Ley 1314 de 2009, que ampara el proceso de preparación y formulación de la información financiera en el sector solidario en el ámbito de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se han promulgado normas que dan prioridad a la aplicación de un entorno estructurado para empresas de capital que tienen como objetivo fundamental maximizar valor y competir en los mercados de valores, así como en el mercado abierto.

Sin embargo, de acuerdo con los análisis y experiencias de las organizaciones solidarias (especialmente en los fondos de empleados -figura organizacional solidaria propia y exclusiva de Colombia-), se ha constatado que, al ser aplicadas estas normas sin el necesario proceso de adecuación, se vulneran los principios de la esencia sobre la forma y el de la racionalidad económica, ya que resulta más onerosa su aplicación que el valor generado. La situación descrita alerta al sector, ya que su aplicación, contraria a la filosofía y naturaleza social y económica de las entidades solidarias, genera un significativo riesgo de desnaturalización del modelo al homologarlo con otros tipos de empresas, en especial con las de capital con fines de lucro.

Es preciso advertir que con relación a las operaciones diferentes a las tratadas en esta orientación técnica (aportes sociales, aplicación de excedentes y fondos sociales solidarios), se recomienda observar los marcos normativos vigentes. El documento tiene en cuenta la gestión de riesgos en relación con los conceptos abordados, de manera que se asegure el adecuado reconocimiento, medición y revelación bajo las características propias del modelo empresarial solidario. Se resalta la disposición del sector para propiciar y acoger los modelos efectivos de supervisión y control por parte del Estado.

El documento de 23 páginas cuenta con un glosario de términos, un capítulo de fundamentos normativos y una detallada sección de casos prácticos. La coordinación del proyecto estuvo a cargo del consejero Jairo Enrique Cervera Rodríguez.

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La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista frente a la negociación del salario mínimo de las y los colombianos para el año 2024.

“Trabajamos con la estadística de la inflación del 30 de noviembre, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares, que nos permitan tener unas reflexiones mucho más profundas, allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el Gobierno también hará sus análisis y desde allí esperamos concertar un salario mínimo que nos permita mantener el valor adquisitivo que este año ha sido una muy buena apuesta y avanzar para que efectivamente Colombia no sea tan impactada ni por la inflación ni por las tasas de interés”, explicó la titular de la cartera laboral.

La ministra recordó que gracias a las medidas adoptadas en la negociación del salario mínimo para el presente año se ha logrado mantener un incremento real de más del 4%, mientras que para el año 2022 esta cifra fue negativa y afectó el bolsillo de las y los colombianos.

“La desindexación fue una medida que nosotros tomamos para preservar el valor adquisitivo del salario y eso es lo que ha ocurrido. Hoy nuestro salario tiene 4 puntos de aumento real y esto lo que significa es que no ha sido consumido por el costo de la inflación y por eso hoy todavía tenemos un valor adquisitivo protegido y esperamos que esta experiencia tan buena de la mesa de concertación que fue unánime, podamos trabajarla para el próximo año”, puntualizó, Ramírez Ríos.

Actualmente la inflación para el mes de septiembre según el DANE se ubicó en 10,9% lo que significa una tendencia a la baja luego de iniciar el año con un dato de 13.2%, sin embargo, el salario mínimo fue concertado para el 2023 con un incremento del 16%, lo que ha significado una mayor protección de los salarios y del poder adquisitivo de las y los colombianos.

Por medio del Concepto 331 del 19 de octubre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, respondió a una consulta sobre Concesión – reconocimiento de activos.

Para conocer el Concepto 331, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación pone a discusión de los interesados y del público en general, hasta el 10 de noviembre de 2023, el proyecto de resolución que modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público.

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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto “Por medio del cual se crea el programa “CREO, un crédito para conocernos” y se adiciona la Parte 25 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el cual establece una línea de crédito para unidades económicas de baja escala.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 3 de noviembre de 2023.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 445 del 17 de octubre de 2023, por el cual responde a una consulta sobre Donaciones o auxilios amparados en convenios o acuerdos Internacionales.

Para conocer el Concepto 0445, haga clic aquí.