La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, advierte que se han detectado actividades delictivas correspondientes a registros de medidas cautelares de embargos y desembargos, para los cuales se usa documentación con información falsa de funcionarios de la DIAN.

La estrategia de engaño de estos delincuentes es utilizar nombres y firmas de funcionarios directivos o asesores de la entidad, inclusive, con cargos diferentes al nominal, para aparentar la realidad y veracidad de estos actos administrativos.

Esta modalidad de suplantación y engaño se ha incrementado durante la época de pandemia, por lo que la DIAN reitera a los ciudadanos el cuidado que se debe tener al momento de recibir un documento que presuntamente es oficial, más aun, cuando informa de embargos o desembargos de bienes de su propiedad y no se tiene un proceso de cobro con la entidad.

Al respecto, la DIAN adelanta las acciones correspondientes ante las autoridades para poner en su conocimiento estos hechos, que permitan llevar a cabo las investigaciones del caso y lograr la judicialización de los responsables.

De igual forma, a través de las Direcciones Seccionales de la DIAN en todo el país, se realizan reuniones con la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se está advirtiendo de esta situación a las Oficinas de Instrumentos Públicos, con el fin de establecer medidas de cooperación interinstitucional que permitan mitigar este tipo de riesgos.

Por último, la DIAN recuerda a la ciudadanía que las comunicaciones enviadas por la entidad son informativas, no se solicita información personal, ni tampoco se pide abrir archivos adjuntos. Siempre se debe verificar la veracidad y autenticidad de los correos a través del enlace: https://muisca.dian.gov.co/WebComunicaciones/DefVerificarCorreoDian.faces

La Fundación IFRS (International Financial Reporting Standards Foundation) publicó recientemente el documento de consulta pública sobre informes de sostenibilidad. Con la apertura de esta acción de consulta esperan recibir retroalimentación del documento con fecha máxima para el envío de comentarios del 31 de diciembre de 2020.

Esta consulta tiene asidero en la demanda creciente de los diferentes grupos de interés de informes de sostenibilidad que sean coherentes y comparables para los usuarios de información financiera. Con el diseño de estándares sobre este tipo de informes redunda en la generación de confianza pública a través de la mayor transparencia en los datos sobre las iniciativas en esta vía y su impacto en la lucha contra el cambio climático.

Entre los grupos participantes en esta discusión global para el mejoramiento de los informes de sostenibilidad están los inversionistas, el sector empresarial, los bancos centrales, los reguladores del mercado y los responsables de las políticas públicas en relación con el cambio climático. Para direccionar esta intención, se ha convocado a la Fundación IFRS se involucre en la reducción del nivel de complejidad y lograr una mayor coherencia en los informes de sostenibilidad.

La misión de la Fundación IFRS es desarrollar estándares que buscan brindar transparencia, responsabilidad y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. El trabajo sirve al interés público fomentando la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo en la economía global.

Entre las alternativas para abordar la problemática de los informes de sostenibilidad se ha llegado a plantear, incluso, la creación de una Junta de Sostenibilidad, comparable en estructura y funcionamiento a las ya existentes de Normas de Información Financera (IASB) y Auditoría y Aseguramiento (IAASB).

Para facilitar el proceso de consulta, la Fundación IFRS ha diseñado un cuestionario de 11 preguntas que compartimos a continuación.

Pregunta 1 ¿Existe la necesidad de un conjunto global de estándares de informes de sostenibilidad reconocidos internacionalmente?
(a) En caso afirmativo, ¿debería la Fundación NIIF desempeñar un papel en el establecimiento de estas normas y ampliar sus actividades normativas en esta área?

b) En caso negativo, ¿qué enfoque debería adoptarse?

Pregunta 2 ¿Es el desarrollo de una junta de estándares de sostenibilidad (SSB) para operar bajo el gobierno estructura de la Fundación IFRS un enfoque apropiado para lograr una mayor coherencia y comparabilidad global en los informes de sostenibilidad?

Pregunta 3 ¿Tiene algún comentario o adición sugerida sobre los requisitos para el éxito que se enumeran en el párrafo 31 (incluidos los requisitos para lograr un nivel suficiente de financiación y logrando el nivel apropiado de experiencia técnica)?

Pregunta 4 ¿Podría la Fundación IFRS utilizar sus relaciones con las partes interesadas para ayudar a la adopción y aplicación coherente de los estándares SSB a nivel mundial? Si es así, ¿en qué condiciones?

Pregunta 5 ¿Cómo podría la Fundación IFRS aprovechar y trabajar mejor con las iniciativas existentes en informes de sostenibilidad para lograr una mayor coherencia global?

Pregunta 6 ¿Cómo podría la Fundación IFRS aprovechar y trabajar mejor con las iniciativas jurisdiccional existentes para encontrar una solución global para informes de sostenibilidad consistentes?

Pregunta 7 Si la Fundación IFRS fuera a establecer una SSB, ¿debería desarrollar inicialmente divulgación financiera relacionada con el clima, antes de ampliar potencialmente su competencia a otras áreas de informes de sostenibilidad?

Pregunta 8 ¿Debería una SSB tener una definición enfocada de los riesgos relacionados con el clima o considerar más factores ambientales?

Pregunta 9 ¿Está de acuerdo con el enfoque de la materialidad propuesto en el párrafo 50 que podría adoptar el SSB?

Pregunta 10 ¿La información de sostenibilidad que se divulgará debe ser auditable o estar sujeta a verificación externa? De no ser así, ¿qué diferentes tipos de seguridad serían aceptables para que la información revelada sea confiable y útil para tomar decisiones?

Pregunta 11 Las partes interesadas pueden plantear cualquier otro comentario o asunto relevante para nuestra consideración

Consulte el documento completo en su traducción no oficial de Glenif (español) aquí.

La omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes en la declaración de renta, tipificadas como conductas penales en la Ley 1943 de 2018 (art. 63, parcial), y demandada por inconstitucionalidad, no fue estudiada de fondo por la Sala Plena debido a que las disposiciones fueron derogadas por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019 y actualmente no producen efectos jurídicos.

Así lo determinó la Corte Constitucional que con ponencia de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, decidió declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los parágrafos primeros de los artículos 434A y 434B, adicionados a la Ley 599 de 2000 por el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.

La Corte consideró que sobre las disposiciones demandadas ocurrió una derogación sobreviniente luego de admitida la demanda. En este caso no procede la integración normativa puesto que la sustitución del artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 no fue exacta. El legislador eliminó en la nueva ley la facultad exclusiva y excluyente de la DIAN y las autoridades competentes de decidir sobre el inicio de la acción penal de los nuevos delitos tributarios. Ahora estas autoridades podrán solicitar mediante “petición especial” a la Fiscalía General de la Nación el inicio de la investigación, pero ya no tendrán el monopolio de accionar la respuesta penal del Estado.

Frente a la inexistencia de efectos jurídicos, la Sala Plena expuso que las investigaciones penales iniciadas en vigencia del artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 eran hechos cumplidos. El inicio de la acción penal como efecto de la solicitud previa presentada por el director de la DIAN es diferente al proceso de investigación o juzgamiento. Las disposiciones demandadas no regulan estos aspectos, sino únicamente la activación de la facultad punitiva del Estado. Por este motivo, si bien actualmente existen personas que están siendo investigadas o juzgadas debido a la solicitud previa presentada por la DIAN, estos son actos que ya produjeron sus efectos, lo cual es diferente a que los estén cumpliendo en la actualidad.

La decisión se adoptó con una votación de 8 a 1. El Magistrado José Fernando Reyes salvó su voto.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, “por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2000”, salvo los artículos 6, 7 y 9 que se declararon inexequibles.

En la misma decisión, Con ponencia de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, la Corte declaró exequible los artículos 1, 3, 4, 5 y 10 del mismo Decreto Legislativo.

El artículo 2 fue declarado EXEQUIBLE, en el entendido de que para el ejercicio de las facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes, de que trata dicho artículo, no se puede prescindir, cuando sea del caso, de las autorizaciones de las asambleas departamentales y concejos municipales. La Corte consideró que a diferencia de la segunda emergencia que declaró el Decreto legislativo 637 de 2020, durante la vigencia de la primera emergencia declarada por el Decreto legislativo 417 de 2020 la situación sanitaria derivada del COVID-19 implicaba una dificultad para la reunión de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, lo que justificaba que durante su vigencia la reorientación de las rentas de las entidades territoriales no requiriera de la autorización de sus respectivas corporaciones político-administrativas. A juicio de la Corte, como la anterior situación no continuó, el que el Decreto 678 de 2020 no repita esa misma permisión resulta acorde con la Constitución, en el contexto de la segunda emergencia económica.

El artículo 8 del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, fue declarado EXEQUIBLE en el entendido de que los recursos provenientes de la sobretasa al ACPM distribuida a los departamentos y el Distrito Capital serán destinados a atender la emergencia económica declarada por el Decreto Legislativo 637 de 2020.

A continuación, la Sala Plena declaró inexequibles los artículos 6, 7 y 9 del Decreto Legislativo 678 del veinte (20) de mayo de 2020. La Corte resolvió declarar la inexequibilidad de los artículos 6 y 7 del Decreto 678 tras verificar que las estrategias de recaudo tributario de que trataban dichas disposiciones pertenecían al fuero de autonomía de las respectivas entidades territoriales, por lo que ambos artículos reprobarían los juicios de necesidad y de no contradicción con la Constitución.

La Corte determinó la inexequibilidad del artículo 9 por la vulneración directa del texto constitucional, luego de considerar (i) que a diferencia del Decreto legislativo 444 de 2020 cuya exequibilidad resolvió la Sentencia C-194 de 2020, el artículo 9 del Decreto 678 ordenaba un desahorro de los recursos del FONPET, sin que los mismos debieran ser restituidos en abierta violación del mandato superior que prohíbe que los recursos de las instituciones de seguridad social sean destinados o utilizados para fines distintos a ella (CP, artículo 48); y (ii) que además, el parágrafo 4º del artículo 361 superior prevé que los excedentes de los recursos destinados al ahorro pensional en las entidades territoriales sean destinados a financiar proyectos de inversión para la reparación integral de las víctimas, en desarrollo del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El Magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto en relación con la decisión de inexequibilidad adoptada frente al artículo 6. El Magistrado Antonio José Lizarazo hizo lo mismo frente a la decisión de exequibilidad condicionada del artículo 2 y de inexequibilidad del artículo 6, y aclaró su voto en relación con la decisión de inexequibilidad adoptada frente al artículo 9. La Magistrada Gloria Stella Ortiz, salvó su voto frente a la decisión de inexequibilidad de los artículos 6 y 7. El Magistrado Richard Ramírez (E) salvó igualmente su voto respecto de las decisiones de inexequibilidad adoptadas respecto de los artículos 6, 7 y 9.