La Superintendencia de Sociedades emitió el Oficio 115-072636 del 31 de mayo de 2021, por medio del cual se responde a una consulta sobre fusiones reorganizativas sin intercambio de participación.

Para conocer la consulta completa y la respuesta de la Supersociedades, haga clic aquí.

Los colombianos que cotizan a pensión en el exterior y han realizado sus aportes al sistema de seguridad en un país iberoamericano, podrán ahora acceder a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, de origen común.

Así lo estipula el proyecto de ley aceptado en el Congreso, que adoptó el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)”, texto admitido el 10 de noviembre de 2007, en Santiago de Chile, por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Los países firmantes del acuerdo y en los que los colombianos podrán gozar de este beneficio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“Con la implementación de esta alianza, se amplían los mecanismos de protección social para los colombianos que han laborado, se encuentran laborando o se trasladan a alguno de los 15 países que firmaron este pacto, así como a los extranjeros provenientes de esos países que estén empleados en Colombia”, anotó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

De igual forma, facilita los canales de migración regular con miras a reducir la vulnerabilidad de esta clase de población, garantizando el principio de igualdad de trato para con los nacionales de los Estados que hacen parte del convenio y se propenda para que hayan más pensionados.

También fortalece la formalización laboral, al generar escenarios más justos y equitativos, donde se tenga acceso a oportunidades dignas, decentes y de calidad, que retribuyan en bienestar y desarrollo.

De otra parte, permitirá afianzar las relaciones entre Colombia y los países iberoamericanos, en beneficio de sus nacionales migrantes, garantizando su protección social.

¿Una vez se implemente el convenio, qué permitirá?
Garantiza la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo.

Admite la totalización de los periodos de cotización a pensión, acreditados en los distintos países que hacen parte del convenio; garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición.

Asegura la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país.

Permite la aplicación de las disposiciones más favorables al trabajador en el caso de que existan un convenio bilateral.

Establece la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios.

No modifica las legislaciones de los países, las coordina para evitar la pérdida de derechos contributivos

Precisiones
Aunque Colombia acoge el 10 de noviembre de 2007, en Santiago de Chile el convenio, solo hasta ahora y después de varios intentos por lograr su trámite ante el legislativo, se alcanza que el Congreso de la República lo apruebe, dada la gestión realizada por el Ministerio del Trabajo. Solo resta la sanción presidencial para su entrada en vigor.

Las personas que están o estuvieron cotizando en alguno de los países firmantes del convenio, al momento que crean tener derecho a pensión, por haber cumplido los requisitos; podrán solicitar la sumatoria de los periodos cotizados una vez el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)”, pase a ser ley.

¿Qué países en la actualidad están aplicando el convenio?
En la actualidad son 12 los países donde el convenio está en operación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Colombia se convierte en el país número 13 en aprobarlo, están pendientes por adoptarlo Costa Rica y Venezuela.

Dato
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos residen actualmente en el exterior, cifra que representa el 10% de la población total. Esto permite señalar que el número de trabajadores que se podrían beneficiar del convenio es representativo.

El Gobierno nacional continúa trabajando por la reactivación segura del país y expidió, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 645 de 2021, mediante el cual se busca evitar mayores afectaciones a las operaciones de comercio exterior que se han visto impactadas debido a algunos hechos de violencia y de bloqueos ilegales en distintas vías del país.

Se trata de tres decisiones esenciales. Una de ellas impactará los niveles de ocupación en el Puerto de Buenaventura, facilitando las operaciones de comercio exterior. Las otras dos buscan evitar sanciones por incumplimiento de las obligaciones y términos estipulados en las normas del sector.

La primera de ellas está relacionada con la ampliación, por seis meses, del plazo para presentar el Estudio de Demostración en los Sistemas Especiales de Importación y Exportación (SEIEX), más conocidos como Plan Vallejo, y que evidencian el cumplimiento en la exportación. Esto permitirá a los beneficiarios del programa realizar ventas externas de mercancías en un plazo adicional al que estaba previsto sin estar sujetos a sanciones.

La segunda medida suspende en seis meses el plazo que tienen la Sociedades de Comercialización Internacional para exportar los productos, luego de expedido el certificado al proveedor. Esto facilita a las comercializadoras internacionales no perder el beneficio que consiste en comprar bienes en el mercado nacional, exentos del pago de IVA, y exportar mercancías en un plazo adicional al que estaba previsto. Con esta decisión tampoco se está sujeto a sanciones.

Finalmente, la tercera medida decreta que los Agentes de Carga Internacional que intervengan en la operación y deban informar a la DIAN los datos relacionados con la carga efectivamente descargada, podrán, para cargas del 28 de abril al 16 de junio, presentar el informe de descargue dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia del Decreto 645 de 2021.

Si existen inconsistencias deberán reportarse previo a la salida de la carga y si hay sobrantes aplicará la legalización, sin pago de rescate. Por otra parte, las mercancías que lleguen de forma posterior a la entrada en vigencia del Decreto, deben presentar el informe de descargue en los cinco días siguientes a la finalización del mismo, tal como está la norma general. Es importante resaltar que el trámite será documental.

El pasado 25 de mayo, en su visita al puerto de Buenaventura, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que el terminal tiene que mantenerse competitivo, dinámico y en la posición estratégica que lo ha caracterizado.

“Que esta sea una oportunidad para que salgamos de Buenaventura con el compromiso de tener una ciudad funcionando, operando y abriendo oportunidades a todos los sectores, así como a los más afectados por la pandemia y la pobreza. Agradezco a esta comunidad que nos haya acompañado. Aquí estaremos haciendo presencia constante para la reactivación económica y para que este Plan de Desarrollo Integral de Buenaventura se haga realidad”, expresó el Presidente en su más reciente visita a la ciudad vallecaucana.

Para conocer el Decreto 645, haga clic aquí.

El Gobierno nacional presentó la hoja de ruta de la política fiscal del país para los próximos 10 años en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, que define la perspectiva sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y fiscales en dicho período.

El año 2020 presentó uno de los retos más importantes en términos de la política económica, toda vez que la pandemia asociada al COVID-19, la caída del precio del petróleo y la caída en la actividad económica mundial implicaron el mayor choque económico y social de la historia reciente del país.

Ante este reto, el Gobierno respondió de forma rápida y contundente, protegiendo la salud de la población, los hogares en situación de vulnerabilidad y la actividad económica. Dicha intervención mitigó notablemente la intensidad de la crisis, minimizando los efectos duraderos que esta generará sobre los hogares y las empresas.

Este choque nos dejó con un conjunto de retos que requieren una Triada de Soluciones en materia social, económica y fiscal. La Triada indica que, para lograr solución a cualquiera de estos frentes, es indispensable atender, simultáneamente, los otros dos.

El bienestar social necesita de unas finanzas públicas sanas, para financiar gastos dirigidos a los más vulnerables, así como de una economía vigorosa que mediante la generación de empleo formal revitalice el ingreso de los hogares. La reactivación económica, por su parte, requiere de un entorno macroeconómico y social favorable. Finalmente, apuntalar la sostenibilidad fiscal está supeditado a la presencia de un crecimiento económico boyante y de una buena disposición de los actores sociales para alcanzar consensos en materia de política económica inclusiva y sostenible.

En este orden de ideas, la estrategia fiscal establecida en el documento contempla una política expansiva en el corto plazo y un ajuste gradual en el mediano plazo que garantice la estabilización y la reducción de la deuda pública.

Para 2021 y, en menor medida, 2022, se prevén gastos adicionales cuyo propósito es impulsar la recuperación del tejido social y de la actividad económica. De 2023 en adelante habría una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y un incremento en los ingresos permanentes del Gobierno, que contribuirían a la reducción del pasivo público en el mediano plazo.

Es así como para este año, el Gobierno nacional mantendrá su meta de déficit fiscal en 8,6% del PIB, en línea con el Plan Financiero presentado en marzo pasado. Dicha meta de balance fiscal se establece en un contexto en el que se prevé que el crecimiento económico se ubique en 6,0%, en línea con la recuperación de la economía mundial y los avances del proceso de vacunación.

Crecimiento dinámico
Según el documento, se prevé que en el mediano plazo el país crezca por encima de su potencial, siendo este un factor fundamental para materializar la Triada de Soluciones que se determinó en materia social, económica y fiscal, como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid-19, la caída del precio del petróleo y la disminución en la actividad económica mundial, temas que implicaron el mayor choque económico y social de la historia reciente del país.

De acuerdo con el Ministro, el Marco Fiscal de Mediano Plazo define la estrategia de política fiscal para garantizar precisamente esa Triada de Soluciones, en la que el Proyecto de Ley de Inversión Social es protagonista.

Así, según el funcionario, una economía dinámica, una política fiscal responsable cimentada en mayores ingresos y menores gastos y una clase media fortalecida, constituirían, conjuntamente, un triángulo virtuoso para el desarrollo del país.

Agregó que en el frente fiscal un componente importante de la estrategia está asociado al fortalecimiento de la Regla Fiscal, a través de la inclusión de objetivos explícitos para la deuda del Gobierno, que mediante metas operativas sobre el balance primario garanticen la convergencia del pasivo público a niveles prudenciales en el mediano plazo.

Al respecto, expresó que el Proyecto de Ley de Inversión Social contribuiría con más de dos terceras partes de los recursos permanentes necesarios para guiar la deuda a dichos niveles objetivo. Esto sería resultado de esfuerzos contemplados en el Proyecto de Ley en materia de austeridad del gasto, mayores instrumentos para fomentar la formalización fiscal y modificaciones en el estatuto tributario, que no tengan ningún tipo de afectación sobre la clase media ni, por supuesto, sobre los sectores más vulnerables.

Para 2021, se proyectan necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central (GNC) por $134 billones, 12,1% del PIB, compuestas por un déficit a financiar de $95.7 billones (8,6% del PIB), amortizaciones por $18.9 billones (1,7% del PIB) y pago de obligaciones por $8.6 billones (0,8% del PIB).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, precisó que dichas necesidades se buscan atender principalmente a través de una estrategia diversificada de desembolsos de deuda interna y externa, así como otros recursos y depósitos de tesorería. Explicó que de las fuentes de financiamiento que implican desembolsos de deuda, el 62,9% corresponde a fuentes en moneda local y el 37,1% a moneda extranjera.

Para 2022, por su parte, se espera un crecimiento del PIB de 4,3%, que permitirá que la economía supere los niveles de prepandemia y recupere una senda de crecimiento sostenible.

Consecuentemente, el Gobierno planea que la próxima vigencia inicie un proceso ordenado de ajuste fiscal, en donde el déficit meta de 7% del PIB implica un aumento en el balance de 1,7 puntos porcentuales del PIB frente a 2021.

Restrepo Abondano precisó que la magnitud del ajuste al que se compromete el gobierno está en línea con los programas de aumento del balance fiscal de otros países emergentes y de la región.

Para 2022, se proyectan necesidades de financiamiento del GNC por $127.8 billones (10,7% del PIB), compuestas por un déficit a financiar de $83.6 billones (7,0% del PIB), amortizaciones por $27.8 billones (2,3% del PIB) y pago de obligaciones por $6.4 billones (0,5% del PIB).

Al igual que para 2021, estas necesidades se buscan atender con una estrategia diversificada de desembolsos de deuda interna y externa, así como otros recursos y depósitos de tesorería.

Para conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, haga clic aquí.

Está disponible para comentarios el proyecto de resolución por la cual se señala el contenido y se adoptan las características técnicas de la información cambiaria y de los informes de endeudamiento externo que deben ser presentados a la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por los intermediarios del mercado cambiario, los concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos y los titulares de cuentas de compensación, y se fijan los plazos para su entrega.

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 1° de julio de 2021, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

El Ministerio de Cultura emitió el Decreto 639 del 11 de junio de 2021, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 2020 en lo que se refiere a la destinación específica de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y se modifican los, artículos 2.9.2.4.2, 2.9.2.4.3 Y 2.9.2.5.2 del Decreto 1080 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Cultura,

Para conocer el Decreto 639, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el Concepto 281 del 10 de junio de 2021, por medio del cual responde a una consulta referente al Tratamiento contable mayor valor pagado por un cliente,

Para conocer la consulta completa y la respuesta del CTCP, haga clic aquí.

Desde este martes 15 de junio de 2021, los certificados de origen identificados con el código 255, que amparen productos colombianos de exportación con destino a Perú, bajo el marco de la Comunidad Andina, se emitirán exclusivamente en forma digital. En ese sentido, la Aduana de Perú podrá validar en línea la prueba de origen expedida por Colombia.

El proceso de recepción, revisión y emisión de esta prueba de origen se efectuará por la Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, a donde el exportador direccione la solicitud. La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá se exceptúa de la emisión de este certificado de origen y continuará emitiendo de manera exclusiva el certificado de origen digital para México, en el marco del G-2 código 256

El Congreso de Colombia aprobó, en cuarto debate, un convenio de comercio internacional que facilita la importación y exportación temporal de mercancías, con lo que solo queda pendiente la aprobación presidencial para que el país complete su adhesión al instrumento.

Se trata del convenio sobre Importación Temporal -también denominado Convenio de Estambul-, por haber sido suscrito en esta ciudad de la República de Turquía el 26 de junio de 1990. El mismo establece un procedimiento simple, flexible y seguro para admitir la importación y exportación temporal de mercancías a nivel internacional.

El tratado integra, en un solo documento, todos los procedimientos, recomendaciones y experiencias, y las disposiciones contenidas en diferentes acuerdos de importación temporal.

“La adhesión de Colombia al Convenio de Estambul beneficiará al país de varias maneras. Será una herramienta que impulsará la Economía Naranja, minimizará costos y tiempos para la importación y exportación temporal de mercancías, facilitará la creación de empleos directos e indirectos, e incrementará la Inversión Extranjera Directa”, destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Ximena Lombana Villalba.

Colombia podrá adoptar un documento (Carné ATA) que permita la importación y exportación temporal de mercancías libres de impuestos y aranceles, dentro de las cuales se encuentran insumos que promueven las industrias culturales, como ferias educativas y científicas, y producciones de contenido audiovisual, entre otras.

El instrumento genera ahorro en costos y tiempos, efectividad en los procedimientos, reducción en el papeleo, acceso a nuevos mercados y, especialmente, promoción del país como un ecosistema propicio para incentivar estas industrias en el territorio nacional.

Sin embargo, el carácter temporal de las operaciones cubiertas por este convenio garantiza que no afecta los ingresos nacionales. Las mercancías cubiertas por cada carné están destinados, exclusivamente, a la re-exportación y, en consecuencia, no se pueden comercializar en el territorio de admisión.

“Los sectores cultural, literario y educativo consideran a Colombia uno de los destinos más deseados para la organización de ferias, espectáculos y eventos. Las empresas de servicios audiovisuales consideran al país uno de los espacios más llamativos para la producción de contenidos. Estos sectores, por nombrar algunos ejemplos, tienen largas y extensivas demoras en los trámites aduaneros a la hora de importar y exportar sus mercancías, situación que cambiará notoriamente al adherir al Convenio de Estambul”, explicó la ministra Lombana Villalba.

En la actualidad, ese convenio cuenta con 78 estados que forman parte del mismo, dentro de los cuales se encuentran Chile, México, Estados Unidos, Canadá y España, mediante el procedimiento de admisión temporal de mercancías, reglamentado a través del referido tratado.

Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) de Bogotá que habiliten cicloparqueaderos en establecimientos de comercio propios o de terceros tendrán descuento en el gravamen hasta del 120% de la inversión. Así lo estableció la Administración Distrital, dentro del paquete de incentivos ofrecido para la reactivación económica de la ciudad.

Los interesados en acceder al descuento pueden hacerlo desde este año, y hasta diciembre de 2024, cumpliendo con la inscripción y presentando el respectivo proyecto, que debe cumplir parámetros de diseño y calidad estipulados en el Decreto 091 del 24 de marzo de 2021.

“El beneficio es por cinco años, contados a partir del año gravable siguiente a las inversiones, siempre y cuando se cumplan y se mantengan las condiciones exigidas. El objetivo es incentivar en la ciudad mayor oferta de cicloparqueaderos que ofrezcan las condiciones de calidad que merecen los ciclistas en Bogotá”, afirma el Secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Es importante aclarar que, por la naturaleza de su negocio, no están cobijados con el beneficio los establecimientos de parqueaderos dedicados exclusivamente a esta actividad económica.

Para tener en cuenta
- Estacionamientos para vehículos que tengan entre 12 y 120 cupos deberán asignar al menos un 25% más de cupos para bicicletas.
- Si tienen más de 120 cupos, deberán asignar al menos un 30% más.
- Si tienen entre uno y 11 cupos, al menos ocho cupos más para bicicletas.
- Si no tienen parqueadero para vehículos, deberán asignar al menos seis (6) espacios para el estacionamiento de bicicletas.