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El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia 2023.

El documento contempla un informe de los resultados macroeconómicos y fiscales de 2022, el Plan Financiero actualizado para 2023 y 2024, y la estrategia macroeconómica y fiscal de mediano plazo, con las metas de superávit primario que la administración se propone alcanzar en línea con el objetivo de sostenibilidad de la deuda pública.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo está alineado con el objetivo del Gobierno nacional de adelantar la transformación social y económica del país a través de un conjunto de políticas y medidas estructurales con base en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Este cambio contempla una transformación productiva y una agenda amplia de reformas económicas y sociales, que incluye la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, y las reformas pensional “Cambio por la Vejez”, laboral “Trabajo por el Cambio” y la Reforma Estructural al Sistema de Salud, que permitirán saldar la deuda histórica con la sociedad colombiana en el marco de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, dando pleno cumplimiento a la Regla Fiscal.

De acuerdo con el Ministro, Ricardo Bonilla, este Marco Fiscal de Mediano Plazo hace explícita la estrategia plurianual del Gobierno para alcanzar ese objetivo y saldar así la deuda social histórica con la población vulnerable del país, preservando la estabilidad macroeconómica y fiscal.

Señaló que la economía colombiana atraviesa un proceso de ajuste gradual. “El elevado crecimiento de la economía en 2022, que permitió avances significativos en materia de desempleo y pobreza multidimensional, se desaceleraría a lo largo de 2023 y 2024 antes de converger a su tendencia de mediano plazo por encima del 3%”.

Además, destacó que la estrategia fiscal de corto plazo de esta administración en respuesta a esos retos sigue de cerca cuatro principios: i) la necesidad de financiar reformas y programas sociales y económicos para alcanzar una mayor justicia social; ii) la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas; iii) el cumplimiento estricto de la regla fiscal; y iv) la preservación de la estabilidad macroeconómica.

Así, se proyecta una reducción del déficit fiscal en 2023 de 1pp del PIB (4,3% frente al 5,3% del 2022). Este ajuste permitiría un equilibrio primario por primera vez desde 2019, apalancado en el mayor recaudo tributario de las reformas tributarias de los últimos dos años y de los altos precios del petróleo, que llevarían a ingresos históricamente altos.

En 2024 se espera un ligero aumento del déficit fiscal a 4,5% del PIB. Si bien se espera un aumento del déficit frente a 2023, ello se debe a los pagos de servicio de deuda vigente y a un mayor gasto en intereses que resultaría de las mayores necesidades de financiamiento de 2023 y 2024 y de las condiciones de mercado proyectadas, manteniendo así el equilibrio primario.

Gracias a la estrategia del Gobierno con relación a los precios de los combustibles, el déficit del FEPC estaría cerca a 0 en 2024, resolviendo de forma definitiva el desafío que este fondo ha representado por años para la estabilidad fiscal. Se liberarían recursos fiscales que podrían ser destinados a financiar otros programas sociales más alineados con los objetivos de mayor justicia social y ambiental.

Para el mediano plazo se proyecta una recuperación del crecimiento económico hacia su tendencia de largo plazo (3,2%). El Gobierno mantendría una estrategia de superávits primarios que permitirían simultáneamente que la deuda converja a su nivel ancla hacia el final del horizonte de este Marco y que se alcance la estabilización de los pasivos externos de la economía.

La inflación convergería al rango meta en 2025 y el déficit de cuenta corriente alcanzaría 2,5% en 2034, permitiendo la estabilización de los pasivos externos netos.

La transformación productiva, que recoge la política de reindustrialización y la transición energética, serían tanto los motores de crecimiento como de ajuste externo en el mediano plazo.

El Gobierno nacional reafirma así su apuesta por los objetivos establecidos en el PND, priorizando la política social y los requerimientos que imponen la regla fiscal y la responsabilidad en la administración de las finanzas públicas. Este compromiso continuará sirviendo de base para el diseño de la estrategia fiscal.

Fuentes y usos del GNC en 2023
Para 2023, se estiman necesidades de financiamiento del GNC por $122,7bn (7,7% del PIB), de los cuales el 4,3% del PIB se destina a cubrir el déficit fiscal explicado por el pago de intereses.

Desde la perspectiva de las fuentes, se contemplan desembolsos por $70,7bn (4,4% del PIB), de los cuales el 39% corresponde a deuda externa, y el 61% a deuda interna. Igualmente, estos desembolsos son superiores en cerca de $10bn a los proyectados en la Actualización del Plan Financiero de diciembre, resultado de la estrategia de prefinanciamiento de las necesidades del año 2024, cuyo mayor valor se mantendrá en la disponibilidad final de caja de este año.

Para conocer el documento completo, haga clic aquí.

El Gobierno nacional presentó la hoja de ruta de la política fiscal del país para los próximos 10 años en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, que define la perspectiva sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y fiscales en dicho período.

El año 2020 presentó uno de los retos más importantes en términos de la política económica, toda vez que la pandemia asociada al COVID-19, la caída del precio del petróleo y la caída en la actividad económica mundial implicaron el mayor choque económico y social de la historia reciente del país.

Ante este reto, el Gobierno respondió de forma rápida y contundente, protegiendo la salud de la población, los hogares en situación de vulnerabilidad y la actividad económica. Dicha intervención mitigó notablemente la intensidad de la crisis, minimizando los efectos duraderos que esta generará sobre los hogares y las empresas.

Este choque nos dejó con un conjunto de retos que requieren una Triada de Soluciones en materia social, económica y fiscal. La Triada indica que, para lograr solución a cualquiera de estos frentes, es indispensable atender, simultáneamente, los otros dos.

El bienestar social necesita de unas finanzas públicas sanas, para financiar gastos dirigidos a los más vulnerables, así como de una economía vigorosa que mediante la generación de empleo formal revitalice el ingreso de los hogares. La reactivación económica, por su parte, requiere de un entorno macroeconómico y social favorable. Finalmente, apuntalar la sostenibilidad fiscal está supeditado a la presencia de un crecimiento económico boyante y de una buena disposición de los actores sociales para alcanzar consensos en materia de política económica inclusiva y sostenible.

En este orden de ideas, la estrategia fiscal establecida en el documento contempla una política expansiva en el corto plazo y un ajuste gradual en el mediano plazo que garantice la estabilización y la reducción de la deuda pública.

Para 2021 y, en menor medida, 2022, se prevén gastos adicionales cuyo propósito es impulsar la recuperación del tejido social y de la actividad económica. De 2023 en adelante habría una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y un incremento en los ingresos permanentes del Gobierno, que contribuirían a la reducción del pasivo público en el mediano plazo.

Es así como para este año, el Gobierno nacional mantendrá su meta de déficit fiscal en 8,6% del PIB, en línea con el Plan Financiero presentado en marzo pasado. Dicha meta de balance fiscal se establece en un contexto en el que se prevé que el crecimiento económico se ubique en 6,0%, en línea con la recuperación de la economía mundial y los avances del proceso de vacunación.

Crecimiento dinámico
Según el documento, se prevé que en el mediano plazo el país crezca por encima de su potencial, siendo este un factor fundamental para materializar la Triada de Soluciones que se determinó en materia social, económica y fiscal, como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid-19, la caída del precio del petróleo y la disminución en la actividad económica mundial, temas que implicaron el mayor choque económico y social de la historia reciente del país.

De acuerdo con el Ministro, el Marco Fiscal de Mediano Plazo define la estrategia de política fiscal para garantizar precisamente esa Triada de Soluciones, en la que el Proyecto de Ley de Inversión Social es protagonista.

Así, según el funcionario, una economía dinámica, una política fiscal responsable cimentada en mayores ingresos y menores gastos y una clase media fortalecida, constituirían, conjuntamente, un triángulo virtuoso para el desarrollo del país.

Agregó que en el frente fiscal un componente importante de la estrategia está asociado al fortalecimiento de la Regla Fiscal, a través de la inclusión de objetivos explícitos para la deuda del Gobierno, que mediante metas operativas sobre el balance primario garanticen la convergencia del pasivo público a niveles prudenciales en el mediano plazo.

Al respecto, expresó que el Proyecto de Ley de Inversión Social contribuiría con más de dos terceras partes de los recursos permanentes necesarios para guiar la deuda a dichos niveles objetivo. Esto sería resultado de esfuerzos contemplados en el Proyecto de Ley en materia de austeridad del gasto, mayores instrumentos para fomentar la formalización fiscal y modificaciones en el estatuto tributario, que no tengan ningún tipo de afectación sobre la clase media ni, por supuesto, sobre los sectores más vulnerables.

Para 2021, se proyectan necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central (GNC) por $134 billones, 12,1% del PIB, compuestas por un déficit a financiar de $95.7 billones (8,6% del PIB), amortizaciones por $18.9 billones (1,7% del PIB) y pago de obligaciones por $8.6 billones (0,8% del PIB).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, precisó que dichas necesidades se buscan atender principalmente a través de una estrategia diversificada de desembolsos de deuda interna y externa, así como otros recursos y depósitos de tesorería. Explicó que de las fuentes de financiamiento que implican desembolsos de deuda, el 62,9% corresponde a fuentes en moneda local y el 37,1% a moneda extranjera.

Para 2022, por su parte, se espera un crecimiento del PIB de 4,3%, que permitirá que la economía supere los niveles de prepandemia y recupere una senda de crecimiento sostenible.

Consecuentemente, el Gobierno planea que la próxima vigencia inicie un proceso ordenado de ajuste fiscal, en donde el déficit meta de 7% del PIB implica un aumento en el balance de 1,7 puntos porcentuales del PIB frente a 2021.

Restrepo Abondano precisó que la magnitud del ajuste al que se compromete el gobierno está en línea con los programas de aumento del balance fiscal de otros países emergentes y de la región.

Para 2022, se proyectan necesidades de financiamiento del GNC por $127.8 billones (10,7% del PIB), compuestas por un déficit a financiar de $83.6 billones (7,0% del PIB), amortizaciones por $27.8 billones (2,3% del PIB) y pago de obligaciones por $6.4 billones (0,5% del PIB).

Al igual que para 2021, estas necesidades se buscan atender con una estrategia diversificada de desembolsos de deuda interna y externa, así como otros recursos y depósitos de tesorería.

Para conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020. Durante 2019, la economía colombiana se aceleró, creciendo 3,3%. Lo anterior demuestra que tiene fundamentales sólidos. La aceleración se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19, que llevará a que la economía se contraiga 5,5% en el 2020. Gracias a los buenos fundamentales, se espera una recuperación rápida, con un crecimiento de 6,6% en 2021.

El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central para el 2019 fue 2,5%. Como se expone en los planes financieros de 2020 y 2021, el déficit fiscal se incrementará a 8,2% del PIB en 2020, para luego caer a 5,1% del PIB en 2021.

El resumen ejecutivo del Marco Fiscal de Mediano se presenta a continuación:

Resumen ejecutivo:
Suspensión de la Regla Fiscal

• Se estima que, en 2020, como consecuencia de un choque exógeno sin precedentes, la deuda pública a lo largo y ancho del mundo se eleve de manera sustancial. Los estimativos recientes del FMI sugieren que la relación entre deuda pública bruta y PIB del Gobierno General subiría 26pp entre 2019 y 2020 en el promedio de economías avanzadas. En particular, este indicador se incrementaría en 21pp en el promedio ponderado de los países de la Zona Euro, 32,7pp en Estados Unidos y 30pp en Japón. Asimismo, se estima que la razón deuda a PIB del promedio de países de América Latina aumente en 10,9pp durante 2020.
• Como resultado de la magnitud del choque macroeconómico que experimenta actualmente el país, y la necesidad de utilizar la flexibilidad permitida por la ley 1473 de 2011, el Gobierno decidió suspender la Regla Fiscal para los años 2020 y 2021.
• A la fecha, además de Colombia, más de 20 países con diversas calificaciones crediticias han flexibilizado sus metas fiscales a raíz de los efectos de la pandemia.
• Como insumo para la decisión, el Gobierno solicitó concepto previo al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el cual, por unanimidad, determinó apoyar la utilización de este mecanismo, en reconocimiento de la insuficiencia del componente cíclico de la regla para absorber la extraordinaria magnitud del choque actual.
• La estrategia fiscal del Gobierno nacional establece que se retornará a la senda de déficit fiscal consistente con los parámetros establecidos en la regla fiscal a partir del 2022.
• El programa determina que en el año 2021 se llevará a cabo un ajuste sustancial del déficit fiscal, desmontando buena parte de los gastos extraordinarios de la emergencia. Así mismo, fija las metas de déficit de 2020 y 2021 (8,2% y 5,1% del PIB, respectivamente) que son un ancla de la política fiscal.
• Por último, a petición del Gobierno Nacional, el CCRF ejercerá el papel de Comité independiente para el monitoreo de las finanzas públicas, durante el tiempo de suspensión de la regla fiscal.

2019

• La economía colombiana creció 3,3% en 2019, acelerándose 0,8 puntos porcentuales (pp) frente a 2018, en un contexto de desaceleración de la economía mundial. Las buenas condiciones domésticas impulsaron la demanda interna, que a su vez fue el principal motor del crecimiento económico. Dentro de la demanda interna se destaca el dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión. Sectorialmente, el crecimiento estuvo jalonado principalmente por sectores no transables, con excepción de la construcción, que fue el único sector con un crecimiento negativo.
• A pesar del crecimiento observado, los resultados del mercado laboral no fueron satisfactorios. La tasa de desempleo se ubicó en 10,5% (0,8pp superior a la de 2019) y el número de ocupados se redujo en 170 mil personas. Al mismo tiempo, la tasa global de participación se redujo 0,7pp. Los sectores que registraron la mayor pérdida de empleos fueron el agropecuario y la industria manufacturera.
• La inflación mostró un incremento de 62 puntos básicos (pb), cerrando en 3,8% en 2019 y ubicándose dentro de la meta del Banco de la República.
• El crecimiento de la demanda interna por encima del PIB generó un incremento de 0,3pp en el déficit de la cuenta corriente hasta 4,2% del PIB. La inversión extranjera directa (IED), que creció 26,3%, representó la principal fuente de financiamiento.
• En 2019, el GNC alcanzó el menor déficit fiscal desde 2014 y el primer superávit primario desde 2012, consolidando la senda decreciente de su balance iniciada en 2016. Esto hubiera permitido lograr una reducción de la deuda en 2019. No obstante, se realizó el reconocimiento de pasivos no explícitos costosos que, si bien aumentó el saldo de deuda, traerá ahorros financieros en el futuro.
• El resto del sector público tuvo un comportamiento disímil. Mientras que el sector de regionales y locales deterioró su resultado fiscal en 0,9pp del PIB, el Banco de la República produjo mayores utilidades por 0,4pp del PIB, frente a 2018. A nivel agregado, el Sector Público Consolidado (SPC) presentó un déficit fiscal de 2,9% del PIB.
• El aumento en el déficit de cuenta corriente y la disminución del déficit del Gobierno Nacional Central (GNC), permitieron la ampliación del déficit privado, que se reflejó en mayor consumo e inversión, en medio de condiciones financieras favorables.

2020

• En 2020, se esperaba que la economía continuara su proceso de aceleración, lo que efectivamente sucedió en enero y febrero. Sin embargo, a raíz de la propagación del COVID-19 en Colombia, se implementaron medidas de aislamiento preventivo, que, junto con un contexto internacional dominado por la incertidumbre global, llevaron a revisar el pronóstico de crecimiento del PIB desde 3,7% a -5,5%. Tanto en Colombia, como en el resto del mundo, hay alta incertidumbre alrededor de los pronósticos de crecimiento. En ambos casos, la profundidad y la duración de la recesión estarán ligadas a la evolución de la pandemia.
• La naturaleza del choque afectará tanto la producción como la demanda agregada. Los sectores más afectados serán comercio (-11,2%), construcción (-16,1%) y arte, entretenimiento y recreación (-28,2%). Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversión caerían 5,7% y 17,7%, respectivamente, y el gasto del Gobierno, que crecería 4,1%, sería el único componente de la demanda interna que contribuiría a su crecimiento.
• La crisis afectará los mercados laborales en todo el mundo, lo que se reflejará en caídas en la tasa de ocupación, aumentos en la inactividad y mayores tasas de desempleo en Colombia.
• En este contexto, la política diseñada por el Gobierno nacional, para enfrentar la emergencia económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha cimentado alrededor de tres ejes: i) el fortalecimiento del sistema de salud y su capacidad de respuesta; ii) ayuda social a la población en condición vulnerable y iii) la protección del empleo y mitigación de la afectación sobre el aparato productivo.
• Se espera que la contracción de la economía de 5,5% esté acompañada por una inflación de 2,4%, inferior en 1,4pp frente a la de 2019, ampliando el espacio para una política monetaria contracíclica.
• Como producto de la recesión, los flujos de IED disminuirán en el presente año (-38,5%). En el financiamiento externo, la caída de estos ingresos sería compensada por el aumento en el endeudamiento externo del sector público para hacer frente a la crisis. Lo anterior se reflejará en un mayor déficit de cuenta corriente de 4,8% del PIB.
• La reducción de los precios del petróleo, dentro del contexto de financiamiento externo antes descrito, llevará a que la tasa de cambio promedio para el año sea de $3,960 pesos por dólar.
• A diferencia de 2019, el mayor déficit de cuenta corriente y la ampliación del déficit del GNC generarían un superávit privado, reflejado en menores niveles de inversión y consumo por parte de este sector.
• Frente al plan financiero de 2020 presentado a comienzo de año, la meta de déficit fiscal del GNC se ampliaría 6,0pp, hasta 8,2% del PIB. Esta meta constituye el ancla de la política fiscal en 2020 y es consistente con una reapertura económica que se acelera a partir del segundo semestre del año. La deuda neta, por su parte, presentaría un incremento de alrededor de 15pp del PIB, jalonado por el mayor déficit fiscal, el menor PIB nominal y un fuerte efecto de la depreciación, que incrementa el valor de la deuda externa en pesos. No obstante, se estima que la deuda como porcentaje del PIB potencial se ubicará por debajo de 60% del PIB, umbral a partir del cual aumenta la probabilidad de que se observen trayectorias de endeudamiento insostenibles en el futuro.
• El déficit del Gobierno General (GG) se ampliaría hasta 9,2% del PIB en 2020, lo cual contempla, además del comportamiento del GNC, un mayor déficit del sector de regionales y locales y un menor superávit de la seguridad social. El Banco de la República tendría por segundo año consecutivo un nivel de superávit extraordinario. Todo lo anterior situaría el déficit del SPC en niveles de 9,5% del PIB.

2021

• El escenario macroeconómico para 2021 presenta una inusual incertidumbre, asociada al desconocimiento sobre la duración y profundidad que pueda generar la pandemia del COVID-19 en la salud, el tejido empresarial, las relaciones laborales y el sistema financiero.
• En el escenario central, se espera que en 2021 el grueso de la economía retome sus actividades, una vez se disipe el choque asociado al COVID-19, permitiendo un rebote de la actividad productiva hasta alcanzar niveles del PIB similares a los de 2019. Lo anterior implicaría un crecimiento económico de 6,6%, resultado que estaría condicionado a que el estado de los balances financieros de las empresas les permita financiar su capital de trabajo y, en particular, reabsorber la mano de obra.
• Los fundamentales macroeconómicos que determinaron el crecimiento de 2019 y los primeros meses de 2020 no se deberían ver afectados por la pandemia, y deberían seguir impulsando el crecimiento en 2021. Estos incluyen una política tributaria amigable con la inversión, una mayor fuerza de trabajo por cuenta del stock de inmigrantes, expectativas de inflación cercanas a la meta, que dan espacio para una política monetaria expansiva, y un sistema financiero sólido.
• Con la recuperación esperada de la economía global, el comportamiento de los distintos componentes de la balanza de pagos se iría normalizando. Sin embargo, la tasa de cambio se mantendría en niveles superiores a la observada antes de la pandemia. Este hecho, aunado a la recuperación de los socios comerciales y los precios del petróleo llevarían a una disminución del déficit en cuenta corriente que ascendería a 3,7% del PIB. Dada la normalización de las condiciones financieras, se espera una recuperación de la IED que crecería 22,5% y volvería a ser la principal fuente de financiamiento del déficit externo.
• La recuperación de la demanda interna y la corrección del déficit del GNC generarían un menor superávit privado, que, aunque no alcanzaría los niveles registrados de 2019, sí reflejaría la convergencia hacia un equilibrio que da un mayor espacio al gasto privado.
• En el marco de la recuperación económica, el ajuste en el déficit del GNC (hasta 5,1% del PIB) se derivará principalmente del desmonte de buena parte de los gastos extraordinarios realizados para atender la pandemia en 2020, aunque se mantendrán algunos gastos que son un efecto rezagado de esta, especialmente los relacionados con las transferencias para el sector salud. De igual manera, el resultado fiscal estará afectado por un moderado ajuste de la inversión y el aumento de los ingresos fiscales, principalmente los tributarios.
• De esta forma, en el 2021 iniciará la senda de reducción de la deuda (-5,1pp del PIB frente a 2020), en respuesta a las favorables perspectivas de las variables macroeconómicas que determinan su dinámica (principalmente el PIB y la tasa de cambio) y a las menores presiones al alza generadas por un déficit primario inferior del Gobierno nacional.
• En términos agregados, se espera que el déficit del GG disminuya en 4,0pp del PIB y se ubique en 5,2% del PIB, como consecuencia de la reducción del déficit del GNC, del sector de regionales y locales (+0,4pp del PIB) y el aumento del superávit de seguridad social a niveles históricos (+0,4pp del PIB).

Mediano plazo

• Tras el fuerte choque que afrontaría la economía colombiana en 2020 y la posterior recuperación en 2021, se prevé que la economía siga presentando excesos de oferta. Consistente con lo anterior, el escenario de mediano plazo se caracteriza por tasas de crecimiento del PIB superiores al promedio de largo plazo entre 2022 y 2028, año en el que se cerraría la brecha del producto. A partir de 2029, la economía crecería a su ritmo potencial, entre 3% y 3,5%.
• Los determinantes de esta trayectoria incluyen la reducción del costo de uso del capital, que generaría efectos permanentes sobre la tasa de inversión de la economía, y el incremento en la fuerza laboral e impulso a la productividad, como resultado de la migración proveniente de Venezuela.
• El déficit de cuenta corriente disminuiría de 3,2% a 2,5% del PIB entre 2022 y 2031, y sería cubierto en un 90% por flujos de IED, atraídos, en buena parte, por la reducción del costo de uso del capital. Este resultado se daría en un contexto de una mayor diversificación productiva, que favorecería la participación de las exportaciones no tradicionales en las totales, generando una mayor competitividad.
• El ajuste del desbalance externo previsto en el mediano plazo estaría fundamentado en una corrección importante tanto del déficit privado como público, en línea con una tasa de inversión estable (23,3% en promedio) y un ligero aumento del ahorro total de la economía en el mediano plazo, hasta llegar a 21,9% del PIB.
• Una vez disipados los efectos de la pandemia, en nuestro escenario central, en el 2022, el GNC retomará la senda de balance fiscal que establece la regla, generando importantes superávits primarios que, junto con sólidas bases macroeconómicas, darán como resultado una deuda pública decreciente en el mediano plazo.
• El Gobierno nacional dispone de un conjunto de alternativas para retornar a la senda de déficit estipulada por la Regla Fiscal en 2022, que combina incrementos en los ingresos y reducciones en los gastos. El escenario central del Gobierno se fundamenta en la intención de combinar un incremento sustancial y permanente del ingreso corriente, con una priorización y focalización de los gastos corrientes, que permitan abrir gradualmente espacio para la inversión pública.
• De acuerdo con el escenario central, en torno al cual persiste alta incertidumbre, se plantea la necesidad de aumentar los ingresos corrientes a partir de 2022 y mejorar la focalización y efectividad del gasto social. De acuerdo con el análisis técnico, Colombia tiene un alto potencial para incrementar sus ingresos recurrentes, y al mismo tiempo reducir parte de sus gastos en funcionamiento.
• Para el resto del sector público, se prevé una normalización de su dinámica de ingresos y gastos a partir de 2022. En línea con el importante ajuste fiscal que se proyecta para el GNC, se esperan altos superávits primarios para el GG desde 2022 en adelante, que orientarán la deuda neta del GG hacia niveles cercanos al 31% del PIB en 2031.
• Finalmente, este MFMP2020 cierra con un análisis integral sobre la sostenibilidad de la deuda pública del GNC para el periodo 2020-2031, que en términos generales refleja cómo, ante diversos escenarios de estrés, el pasivo tiende a estabilizarse en el tiempo.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, presentó la edición No. 16 del Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que forma el eje central de la institucionalidad fiscal del país. Este documento se estableció en la Ley 819 de 2003, Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue tramitada en su momento por el actual ministro, y se presenta anualmente al Congreso de la República y al país, con el escenario macroeconómico y fiscal que proyecta el Gobierno durante los siguientes 10 años.

Crecimiento económico: la apuesta del Gobierno

El ministro señaló durante la presentación del documento que la principal apuesta del Gobierno nacional es por la reactivación del crecimiento económico y la inversión privada. La expedición de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) constituye el principal elemento de esta estrategia, gracias a la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial. “Las reducciones que experimentarán a partir de este año las empresas en el costo de invertir, gracias a la Ley de Financiamiento, representarán un importante impulso a la inversión, la generación de empleo y el emprendimiento, con el cual la economía podrá crecer a mayores tasas de forma sostenida”, expuso.

Los resultados económicos recientes dan muestra de estos efectos. Al respecto, el jefe de la cartera de Hacienda explicó que el índice de confianza comercial se encuentra en niveles históricamente altos, y que la inversión extranjera directa creció 68% en el primer trimestre de este año. De esta manera, se estima que la economía crecerá 3,6% este año, a pesar de tener un contexto económico global con alta incertidumbre. Esto implica que la economía nacional tendrá un dinamismo significativamente mayor que el promedio de la región (1,4%). Estas perspectivas de crecimiento del país son semejantes a los pronósticos de las entidades multilaterales y el Banco de la República para 2019.

“La mayor inversión tendrá un impacto importante en las tasas de crecimiento que la economía puede alcanzar de forma sostenida a niveles alrededor del 4,0% en el mediano plazo. Nuestra apuesta es que, por medio de las diversas iniciativas que está implementando el Gobierno, especialmente la Ley de Financiamiento, el crecimiento se acelere de 2,6% el año pasado a una tasa de crecimiento superior a 4,0% hacia 2022”, sostuvo Carrasquilla Barrera.

El panorama fiscal está despejado

Posteriormente, el ministro presentó la estrategia fiscal presentada en esta edición del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la cual es consistente con una senda decreciente de déficit fiscal y de deuda pública. En esta estrategia, los ingresos siguen una senda relativamente estable, y mientras que el gasto sigue un ajuste gradual y ordenado, principalmente en intereses y gastos operativos del Gobierno.

En primer lugar, expuso el plan financiero de 2019 y 2020, en donde el Gobierno se plantea una meta de déficit fiscal de 2,4% y 2,2% del PIB, respectivamente. “Entre 2018 y 2019, el Gobierno realizará el ajuste más grande en el déficit fiscal desde que existe la Regla Fiscal, de 0,7pp del PIB. El resultado proyectado para 2019 es consistente con un superávit primario de 0,6% del PIB, el primero desde 2012 y el más alto desde 2008. En 2020 también se obtendrá un superávit primario, de 0,7% del PIB, derivado de la reducción del déficit fiscal a 2,2% del PIB. La obtención de estos superávits primarios es fundamental para lograr estabilizar y posteriormente reducir la deuda pública”, explicó Carrasquilla.

Luego detalló la estrategia fiscal de mediano plazo, la cual “se basa en alcanzar una meta de superávit primario de 1,0% del PIB a partir de 2021, lo cual asegura una senda decreciente de la deuda pública, alcanzando niveles similares a los observados antes de la caída de los precios del petróleo”.

El jefe de la cartera de Hacienda mencionó que, “la reducción total en el gasto ascenderá a 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2030, mientras los ingresos tributarios estarán sustentados en los efectos positivos que tendrán en el mediano plazo la Ley de Financiamiento y la implementación de la factura electrónica. En particular, la Ley de Financiamiento incrementará el recaudo debido al mayor crecimiento que generará y al fortalecimiento de la DIAN, con lo cual se evidencia que esta Ley tiene un rol fundamental en asegurar una financiación sostenible de las necesidades de gasto de la Nación”. Así, el Gobierno plantea que no es necesaria la realización de reformas tributarias a futuro, lo cual generará seguridad jurídica en el sector empresarial y potenciará el crecimiento económico y la generación de empleo.

“La estrategia de ajuste del gasto está basada, por un lado, en una reducción del gasto en intereses soportada en la reducción de la deuda pública. Por otro lado, la disminución en el gasto de funcionamiento e inversión será posible gracias a mejoras en la focalización de los programas sociales, la sustitución de pasivos con alto costo financiero, la priorización en la asignación del gasto eficiente y la eliminación de duplicidades en las funciones de las entidades del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo contiene buena parte de las medidas que van a hacer posible estos ajustes”, comentó el ministro Carrasquilla.

Proyectos de APP y Vigencias Futuras

Respecto al límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras de proyectos APP, se mantienen los niveles aprobados previamente, incluyendo un año adicional de la siguiente manera: 0,35% del PIB anual para el período 2019 y de 0,4% del PIB en cada año para los periodos 2020 – 2050.

Financiamiento 2019

Para la vigencia 2019, se contemplan desembolsos por $46.801 mm, los cuales estarán distribuidos en un 75% en moneda local y en 25% en moneda extranjera. Con esta estrategia, se estima una composición de la deuda de 69% en moneda local y 31% en moneda extranjera al final del año.

Las amortizaciones de deuda interna disminuyeron en $6.140 mm frente a lo presentado en el Plan Financiero de febrero de 2019, lo cual responde a los beneficios de la operación de manejo de deuda ejecutada en marzo de 2019. Esta reducción en los usos se ve reflejada en una menor colocación de TES para la presente vigencia. De esta forma, se contemplan colocaciones de Títulos de Tesorería TES por un total de $35.290 mm (3,4% del PIB). De este monto, $21.000 mm se obtendrán a través del mecanismo de subastas en el mercado local, $4.500 mm a través de las inversiones realizadas por entidades públicas y $9.790 mm se utilizarán como mecanismo de pago de obligaciones pendientes. A 31 de mayo de 2019, se han financiado $22.138 mm que corresponden al 63% de la meta de colocaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 819 de 2003 en materia de “normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno Nacional, a través de las Comisiones Económicas del Senado y Cámara de Representantes, pone a consideración del Congreso de la República el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015.

En éste, se hace un análisis detallado de los resultados macroeconómicos y fiscales observados en la vigencia anterior y la descripción de lo que se proyecta será el comportamiento futuro de las principales variables económicas y los resultados fiscales para la vigencia siguiente y el mediano plazo.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior.

Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas.

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