Una decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la competencia para fijar el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la contribución de valorización no es delegable en la administración.

Síntesis del caso: Se anuló la liquidación oficial de asignación de la contribución de valorización por beneficio general 2012, expedida por el Distrito de Barranquilla en relación con un inmueble del demandante, por cuanto se fundó en el Decreto 323 de 2004, por el cual el Alcalde de Barranquilla estableció y reguló los sistemas y los métodos para definir los costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la contribución, acto este respecto del cual se aplicó de oficio la excepción de ilegalidad, por desconocer la competencia del concejo municipal para fijar directamente tales aspectos cuantificadores del tributo.

Problema jurídico 1: ¿La liquidación oficial de la contribución por valorización No. 1712000050 es nula por fundarse en actos generales que vulneraron el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Política?

Tesis 1: “[P]ara la Sala es claro que la liquidación oficial de la contribución por valorización No. 1712000050 (…) está viciada de nulidad, porque el acto se expidió con fundamento en el Decreto Municipal 323 de 2004 que fijaba el sistema y método para definir costos, beneficios y reparto, aspectos que deben ser fijados directamente por el Concejo Municipal, mediante acuerdo. Recuérdese, como se explicó anteriormente, que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la de esta Sección ha sido enfática en señalar que los Concejos deben fijar directamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, pues dicha competencia no es delegable al alcalde como quiera que se trata de elementos cuantificadores necesarios para fijar las tarifas de estos tributos. Esa interpretación está acorde con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución, antes transcrito, pues en virtud del principio de representación democrática que debe guiar la imposición de los tributos, la autoridad administrativa no se puede arrogar facultades propias de las corporaciones públicas de elección popular. En consecuencia, tratándose de la contribución por valorización, si bien puede delegarse al alcalde la fijación de las tarifas, debe establecerse previamente por el Concejo el sistema y el método para la determinación de la misma. Téngase en cuenta que se trata de metodologías para calcular la contribución que necesariamente tienen que estar precedidas del debate político, técnico y social pertinente, que se surte en el seno de la corporación pública. (…) 6.2.2.- El Decreto 323 de 2004 (…) fue expedido por el alcalde de Barranquilla en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 4º del Acuerdo Distrital No. 006 de 2004 (…) 6.3.- La Sala advierte que el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2004 fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 16 de agosto de 2013 (…) En la actualidad ese proceso se encuentra en esta Corporación surtiendo la segunda instancia, de acuerdo con la consulta realizada en el Sistema Judicial Siglo XXI. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que mediante sentencia del 12 de diciembre de 2014, expedida en el proceso con radicado 08001-23-31-000-2008-00645-01(19037), esta Sección negó la nulidad del artículo 4 del Acuerdo 006 de 2004 pues se entendió que “el hecho de que la facultad esté circunscrita a «recoger las normas vigentes» y reglamentar otras ya existentes, permit(ía) inferir que la delegación implica(ba) una labor de mera compilación y, de mera reglamentación, que no de regulación”. Sin desconocer los efectos de cosa juzgada de la sentencia proferida por esta Sección, lo cierto es que en la actuación particular y concreta que se estudia, el sistema y método se fijó con base en una norma como el Decreto 323 de 2004, que efectuó una regulación exhaustiva y técnica sobre la materia, incluidos, se reitera, los sistemas y métodos de determinación de la contribución, asuntos de competencia exclusiva del Concejo distrital. 6.4.- En ese sentido, se revocará la sentencia de primera instancia a fin de declarar de oficio la excepción de ilegalidad del Decreto distrital 323 de 2004 y, en consecuencia, la nulidad la liquidación oficial de la contribución por valorización No. 1712000050 del inmueble de la referencia catastral No. 00-020000-0035-00”.

NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE ASIGNACIÓN DE LA CONTRIBUCIÒN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - Normativa aplicable

Problema jurídico 2: ¿Para efectos de la notificación de la liquidación oficial de asignación de la contribución por valorización por beneficio general 2012 en el Distrito de Barranquilla se debía aplicar el artículo 195 del Decreto distrital 924 de 2011 o los artículos 563 a 568 del Estatuto Tributario y el artículo 64 del Decreto distrital 223 de 2011?

Tesis 2: “Tanto en el Acuerdo 006 de 2011 y el Decreto 924 del mismo año el Distrito hizo uso de la facultad que el legislador le otorgó en el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 para notificar la facturación de los tributos y los actos que se devuelvan por causas diferentes a dirección errada mediante la publicación física y electrónica en la gaceta y la página web oficial del distrito. Sin embargo, no puede perderse de vista que esas normas no están autorizando a las entidades territoriales para notificar las liquidaciones oficiales de los tributos por ese medio masivo, sino únicamente cuando son devueltos por causas diferentes a dirección errada o cuando se trata de la facturación derivada de esas liquidaciones, asunto, este último, que supone el agotamiento de la etapa administrativa de liquidación y notificación personal del tributo. En ese sentido, debe concluirse que la Secretaría de Hacienda vulneró el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa del demandado en tanto notificó la liquidación oficial de la contribución de valorización mediante su publicación en la gaceta y página web de la entidad. No puede entenderse que su actuación está amparada en lo dispuesto en el artículo 195 del Decreto 924 de 2011, como se afirma en la contestación de la demanda, pues, se insiste, el procedimiento previsto en esa norma es aplicable únicamente para notificar la facturación de los tributos y los actos que se devuelvan por causas diferentes a dirección errada. 2.7.- De otro lado, se advierte que el Decreto distrital 223 de 2011 “por el cual se ajusta y actualiza el régimen jurídico para la determinación, recaudo, discusión, cobro de la contribución de valorización y ejecución de las obras en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla” es la norma especial para la expedición, notificación y discusión de la contribución por valorización en el Distrito de Barranquilla, de aplicación prevalente y preferente en esta materia.(…) se impone concluir que la notificación de la contribución por valorización No. 1712000050 del inmueble de referencia catastral No. 00-020000-0035-00 se hizo de manera irregular, pues no se atendió el procedimiento especial previsto en las normas especiales locales, esto es, el artículo 64 del Decreto distrital 223 de 2011, el cual, no sobra destacar, está acorde con las reglas generales establecidas en los artículos 563 a 569 del Estatuto Tributario nacional”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2018, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicación: 08001-23-33-000-2013-00381-01 (21895).

Para incentivar la creación de empleo formal, estimular el desarrollo regional, la inversión, así como disminuir la excesiva carga tributaria que tienen algunos sectores y generar efectos como la expansión de la clase media, el gobierno nacional propone una Ley de financiamiento que presentará en los próximos días ante el Legislativo.

Así lo expusieron, el presidente de la República, Iván Duque Márquez y la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos. La ministra anotó: “el plan de este gobierno para generar empleo, tiene diferentes temas en varias áreas, lo primero es que la productividad en Colombia tiene que aumentar, lleva 5 años estancada, cuando un país no aumenta su productividad es muy difícil que genere empleo”.

Agregó: “para nosotros es clave la productividad, la competitividad y que las empresas sean sostenibles. Hay que tener presente que los que generan empleo son los empresarios, industriales y emprendedores y a ellos hay que ayudarles. Para tal fin desde el gobierno hay un tema de reactivación económica, con un proyecto de ley, que propone ajuste a las cargas tributarias de acuerdo con el tamaño de las empresas”.

También plantea, cero impuesto de renta por 5 años a quienes generen ocupación y por 10 años a los que creen empleo formal en el campo y que este sea de calidad.

Durante su intervención, la titular de la cartera laboral, habló de la necesidad que tiene el país de flexibilizar los contratos laborales y que se permita cotizar seguridad social a aquellas personas que laboran por horas, así como dar impulso al teletrabajo para que personas en condición de discapacidad, amas de casa y cuidadores, puedan vincularse laboralmente.

Los nuevos planteamientos incluyen la formación dual, que busca que las empresas formen a los jóvenes de acuerdo a sus necesidades y le ofrezcan una oportunidad para ingresar en sus organizaciones al mercado laboral, “creemos que es un ejercicio que da mucho más resultados”, dijo Arango Olmos.

Además se refirió, a la pertinencia de la formación para que haya efectividad entre la oferta y la demanda, a la promoción del programa ‘Estado Joven’ y que sea el Estado el que mayores oportunidades le brinde a los jóvenes, a la certificación de ciertos oficios para posicionarlos como el de los empíricos, seguimiento a los emprendimientos y a la vinculación de los trabajadores venezolanos formalmente donde se les ofrezcan el mismo nivel y garantías que a los trabajadores colombianos.

La Ministra se refirió finalmente al programa Colombia Mayor, al que se le pretende aumentar la cobertura y el monto y que el pago de este subsidio a partir del 2019 sea mensual.

La campaña ‘Estado Simple, Colombia Ágil’ llegó a su meta inicial de intervenir 50 trámites en 2018, por lo que amplió su objetivo en 50, para un total de 100 en el presente año.

Así lo anunció el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, quien destacó “el compromiso que tiene el Estado para trabajar en facilitarles a los ciudadanos la relación diaria que deben tener con las instituciones de Gobierno”.

Coldeportes, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares automatizaron o simplificaron 10 gestiones de los sectores a su cargo, que se suman a otros 40 trabajados por 24 entidades oficiales desde finales de septiembre.

“Apenas estamos comenzando. Alcanzamos una cima y ya vamos subiendo para la siguiente. Como hicimos 50, ahora vamos a llegar, por lo menos, a 100. Y al mismo tiempo seguimos recogiendo información para las fases dos y tres de la campaña, donde trabajaremos la normatividad y la regulación”, manifestó el Ministro.

Trámites intervenidos
Coldeportes hizo siete ajustes en su plataforma tecnológica, gracias a los cuales los procesos de inscripción, registro de libros, personería jurídica, ajustes estatutarios y Reconocimiento Deportivo de las entidades que manejan el deporte organizado en Colombia serán mucho más simples y ágiles.

Este trabajo, en el que intervino el Ministerio de Hacienda, favorece a las federaciones, a los clubes profesionales, a las ligas y a las asociaciones.

Los tres trámites restantes corresponden al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares, a través del Departamento de Control de Comercio de Armas.

Existen sustancias químicas sometidas a control de la autoridad, porque sirven para fabricar explosivos, pero también son utilizadas por otras industrias como las de fósforos, pinturas, fertilizantes y agroquímicos.

La condición particular de estos insumos requiere autorización del Departamento de Control de Comercio de Armas para su importación, distribución o consumo.

Gracias a la modificación del reglamento, el ajuste al procedimiento interno y la sistematización del trámite, esas autorizaciones que se demoraban 15 días hábiles ahora pasarán a ocho. Además, la inscripción como usuario autorizado apenas tomará un día.

Otros dos trámites favorecen a quienes poseen armas de fuego debidamente legalizadas, como empresas de vigilancia, coleccionistas y deportistas.

La simplificación consiste en que habrá que presentar menos documentos tanto en caso de pérdida o hurto, como si se requiere un duplicado del permiso de porte y tenencia.

“Estado Simple, Colombia Ágil” es una campaña dirigida por la Presidencia de la República, en la que integran esfuerzos de coordinación Función Pública, Planeación Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los ejes de esta iniciativa son: 1) Intervenir trámites y barreras que dificultan la relación con el Estado. 2) Articular esfuerzos entre las entidades gubernamentales para la identificación e intervención de trámites y regulaciones identificados por los ciudadanos. 3) Poner en marcha un sistema que garantice que la regulación en Colombia sea pertinente.

La información sobre los avances de la campaña y los trámites intervenidos se encuentran en www.colombiaagil.gov.co. Allí también estarán disponibles, hasta el 31 de octubre, tres formularios para recoger las propuestas ciudadanas sobre más trámites y normas innecesarias, obsoletas o susceptibles de mejora.

La Comisión Séptima del Senado se realizó un foro para conocer las opiniones sobre el proyecto de ley presentado para mejorar las condiciones laborales de la madre y los beneficios del recién nacido, que ampliaría de 18 a 24 semanas la duración a la licencia de maternidad, cuando el bebé requiere de una atención y observación permanente, de 24 horas al día.

La ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos dio su opinión y coincidió con la viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, sobre el impacto económico y social que estas licencias de maternidad tienen para el enganche laboral de las mujeres: “ampliar el tiempo de la licencia de maternidad reduce desafortunadamente la empleabilidad de la mujer”.

Así mismo, dijo que la cartera laboral apoya el proyecto frente al fuero de maternidad, que podría aumentar las semanas de licencia, pero señaló que se debe analizar temas como el de la estabilidad laboral reforzada, el de empleabilidad, la formalidad laboral, y las brechas entre hombres y mujeres.

Durante la discusión, la Ministra Arango hizo énfasis en las funciones que tiene esta cartera en cuanto a la protección de los derechos de todos los trabajadores colombianos, como la de aumentar la productividad y la competitividad para hacer empresas sostenibles que puedan crear empleo.

Arango Olmos también destacó que Colombia sobresale en cuanto a los beneficios de licencias de maternidad, las cuales son más amplias que lo que exige el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los estándares de licencia de maternidad sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.