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La Superintendencia de Sociedades tramitó un total de 438 pleitos y disputas empresariales, la cifra más alta de los últimos 5 años según el reporte de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles.

 

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó el aumento significativo en el número de demandas y litigios entre empresarios que llegan a la entidad, para ser dirimidos por la justicia societaria. Mientras en 2013 la cifra fue de 15 procesos en promedio al mes, durante el 2017 el promedio aumentó a 37 casos mensuales.

 

Reyes Villamizar manifestó que "estas cifras muestran un auge importante de la jurisdicción de la Superintendencia. El año pasado se profirió un total de 3.406 providencias, entre sentencias y autos judiciales relacionados con conflictos societarios".

 

El Superintendente subrayó que "no son solamente las sentencias finales las que tienen importancia acá. También los autos que se profieren con medidas cautelares, que normalmente ponen fin a un litigio porque llevan a las partes a hacerse conscientes de las posibilidades que tienen dentro del proceso, de predecir los resultados del litigio y llegar a una conciliación amigable".

 

En el marco de la conmemoración de los 10 años de existencia del modelo de sociedades por acciones simplificadas, conocido como S.A.S, Reyes Villamizar destacó la eficacia y prontitud del sistema de la justicia societaria que opera en la Superintendencia de Sociedades.

 

Esta jurisdicción no solamente resuelve pleitos relacionados con la ineficacia de las decisiones de asambleas de accionistas y juntas directivas. También dirime conflictos que se dan entre accionistas, problemas relacionados con disolución y liquidación de compañías, situaciones de abuso del derecho, problemas con administradores, entre otra gran cantidad de materias que han ampliado el espectro jurisdiccional.

 

Finalmente y con motivo del décimo aniversario de las S.A.S, Reyes recordó que los empresarios no pueden refugiarse en sociedades para evadir el cumplimiento de las normas y sostuvo que quien utilice las sociedades en fraude o en perjuicio de terceros, responde solidariamente por las obligaciones originadas en tales actos.

Como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fomentar la competitividad del sector del cuero y el calzado, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que a través de Bancoldex los empresarios de este renglón de la producción podrán acceder a una nueva línea de crédito por $50.000 millones.

 

El anuncio, hecho en la apertura del International Footwear and Leather Show 2018, se suma a los esfuerzos del Gobierno para respaldar el crecimiento del sector textil por medio de préstamos en condiciones favorables para los empresarios.

 

“Con esta línea crediticia buscamos apoyar la modernización de las compañías y el fomento de las exportaciones de las empresas del sector. Continuamos trabajando para hacer más competitivos a los productos colombianos en los mercados internacionales”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, ante compradores y empresarios reunidos en el evento celebrado Corferias.

 

A su vez, el presidente de Bancoldex, Mario Suárez Melo, precisó que esta nueva línea de crédito será manejada de forma conjunta con los directivos de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam).

 

Asimismo, la Ministra afirmó que el Gobierno pudo identificar 20 mercados internacionales potenciales a los que el sector del cuero y el calzado puede tener acceso gracias a los acuerdos comerciales vigentes que tiene el país. Entre estos se encuentran Chile, Costa Rica, Estados Unidos, las islas del Caribe, Guatemala, El Salvador y Honduras.

 

Gutiérrez recordó que el valor de la producción de la industria del cuero y el calzado supera los $2 billones anuales y destacó que en 2017 –con corte a noviembre- las ventas externas de este sector superaron los US$159 millones.

Con motivo del elevado incremento de las transferencias de divisas a Venezuela, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, reforzó los controles e inspecciones a los Profesionales de Cambio Autorizados, ubicados en Cúcuta.

 

Estas visitas de la DIAN buscan identificar si los Profesionales de Cambio Autorizados, están cumpliendo la normativa cambiaria o si, por el contrario, además de infringirla, están incursos en graves delitos como el lavado de activos.

 

Según María Pierina González Falla, Directora de Gestión de Fiscalización de la DIAN, en los últimos días, se ha identificado que algunos de estos establecimientos, y también personas naturales –residentes colombianos o no–, vienen realizando grandes volúmenes de transferencias de divisas al vecino país.

 

“A finales de 2016, el gobierno venezolano anunció y autorizó la apertura de “casas de cambio” ubicadas en ciudades limítrofes con la frontera colombiana, las cuales transfieren fondos a ciudadanos venezolanos a través de intermediarios del mercado cambiario en Colombia por medio de giros, transferencias y servicios”, lo cual se convierte en una violación a lo establecido por el Banco de la República en la Resolución 8 de 2000.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública ya cuenta con el pleno de su equipo de trabajo. El viernes 26 de enero de 2018, mediante la expedición del Decreto 197, la Presidencia de la República designó al doctor Wilmar Franco Franco como Presidente del CTCP por un periodo de cuatro (4) años, una vez acepte el encargo (hecho que se cumplió este 26 de enero).

 

Es importante recordar que el mismo Franco Franco fue presidente del organismo y que su periodo había terminado el 31 de diciembre de 2017. Desde esa fecha la posición se encontraba vacante.

 

El consejero Leonardo Varón García
Mediante el Decreto 2110 del 15 de diciembre de 2017, fue designado como consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública el doctor Leonardo Varón García, luego de obtener el puntaje más alto en el concurso público de méritos adelantado por el Instituto Nacional de Contadores Públicos.

 

Varón García aceptó la designación el pasado dos de enero de2018. Entró a ocupar la posición de Daniel Sarmiento Pavas, quien cumplió su periodo el 31 de diciembre de 2017.

 

Wilmar Franco Franco

Contador Público Titulado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Sistemas de Control Organizacional y de Gestión de la Universidad de los Andes. Cuenta con Certificación Internacional en NIIF emitida por el Icaew y Tecnólogo en Administración de Empresas de la Fundación CIDCA. Ha sido Consultor en Estándares Internacionales de Contabilidad (IFRSNIIF y USGAAP); Profesor y conferencista en reconocidas universidades del país en temas relacionadas con la Contabilidad Internacional y otros temas técnico contables y es coautor de los libros: El ABC de las NIIF y Guía para la aplicación por primera vez de las NIIF, editado por Legis Editores S.A.

 

Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se ha desempeñado como gerente en los proyectos de consultoría NIIF relacionados con el impacto de los Estándares Internacionales de Presentación de Reportes Financieros IFRS NIIF en Baker Tilly Colombia; profesor del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de Contaduría Pública y en la Especialización en Contabilidad Financiera Internacional; Coordinador del área encargada de elaborar reportes financieros del Grupo Amanco (Pavco S.A. y Entidades vinculadas); Auditor de Fast Auditores.

 

Redactor de la Unidad de Derecho Contable y Tributario de Legis (Régimen Contable Colombiano, Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría; Plan General de Contabilidad Pública; Plan único de Cuentas para comerciantes, Doctrina tributaria y contable, cartillas y otras obras de impuestos); Profesional en áreas de crédito y cartera, mesa de dinero, auditoría financiera, gestión de riesgos y rediseño de procesos en el Instituto de Fomento industrial.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que, a partir del próximo jueves 1 de febrero, de las 7.863 entidades sin ánimo de lucro -ESAL creadas en el año 2017, 6.967 de ellas, podrán quedar por fuera del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, y, por lo tanto, perder los beneficios tributarios que les otorga la ley.

 

Cecilia Rico Torres, Directora de Ingresos de la Entidad, precisó que hasta el momento sólo 671 ESAL se han acercado a la DIAN a actualizar su RUT, y que el resto, de no atender el llamado de la administración tributaria, para que a más tardar el 31 de enero de 2018 actualicen dicho registro con la responsabilidad “Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”, deberán declarar por el año gravable 2017 como régimen ordinario con una tarifa del 34%.

 

La directiva resaltó, además, que las empresas o personas que les hicieron donaciones a esas entidades que no actualizaron su régimen, perderán la oportunidad de incluir como descuento tributario el 25% del monto de la donación efectuada.

 

Por departamentos, el número de Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL que aún no han actualizado el RUT es el siguiente: Bogotá D.C.: 800, Atlántico: 729, Valle del Cauca: 722, Antioquia: 618, Nariño: 561, Santander: 452 y Bolívar: 440.

 

La DIAN también señala que, para continuar en el régimen durante el año gravable 2018, y obtener el beneficio fiscal en materia del Impuesto sobre la renta y complementario, estas entidades deberán presentar y radicar la información necesaria a través del aplicativo que para el efecto disponga la DIAN en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30 de abril de 2018.

 

Por último, Cecilia Rico Torres, invitó a estas entidades a que se acerquen a cualquiera de los 62 Puntos de Contacto de la DIAN, durante los últimos días de enero, sin programación de cita, y acreditando los requisitos del trámite.

En un dígito se mantuvo la tasa de desempleo en lo corrido del 2017 que se ubicó en 9,4% según reveló el DANE.

 

“Para nosotros es significativo, que a pesar de que el entorno económico no es el más favorable, la tasa de desempleo se mantiene en un dígito, además en el mes de diciembre se revierte la tendencia creciente de desempleo presentada en los últimos meses, dando señales alentadoras de una mejor dinámica laboral para el 2018”, señaló la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego.

 

En el 2017, 226 mil colombianos se emplearon llegando a una ocupación de 22 millones 383 mil a nivel nacional. Así mismo, la generación de empleo desde enero de 2010 es de 3 millones 962 mil.

 

Para el mes de diciembre de 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 8,6%, 0,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa presentada en el año anterior, influenciada principalmente por la disminución de desempleo en mujeres jóvenes a nivel nacional y en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y centros poblados y rural disperso. A pesar que la ciudad de Bogotá sigue jalonando el incremento del desempleo a nivel nacional, se compensa por la generación de empleo en ciudades intermedias.

 

Para el cuarto trimestre de 2017, a nivel nacional, el sector de agricultura, pesca, ganadería, caza y piscicultura, presentó el mayor crecimiento de la ocupación, 5%, especialmente en producción agrícola en centros poblados.

 

Igualmente, se destaca Pereira y su área metropolitana, que sigue bajando su tasa de desempleo al pasar de 10,6% en el cuarto trimestre de 2016 a 8,2% en el mismo periodo de 2017; explicada principalmente por una disminución de la participación y crecimiento de la ocupación en sectores como industria y comercio.

 

11 de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas tuvieron una tasa de desempleo de un dígito y 9 de ellas disminuyeron su tasa de desempleo. Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron Santa Marta 7% (-1,2pp), Barranquilla AM 7,5% (+0,2pp) y Bucaramanga AM 8% (-0,2pp).

 

Las ciudades con mayor tasa de desempleo fueron Quibdó 14,2% (-1.2pp), Cúcuta AM 14% (+0,2pp) y Armenia 13,4% (-0,8pp).

En su ùltima sesión, la Junta Directiva decidió reducir la tasa de interés de intervención en 25 pb y dejarla en 4,5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:

En diciembre la inflación anual se redujo menos de lo esperado y se situó en 4,09%. Excepto el grupo de alimentos, todos los grandes componentes del IPC registraron variaciones anuales algo mayores que las proyectadas. El promedio de los cuatro indicadores de inflación básica volvió a incrementarse y se situó en 4,66%.

Las expectativas de inflación registraron cambios leves. Las de los analistas para diciembre de 2018 y 2019 se sitúan en promedio en 3,47% y 3,33%, respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública se mantienen por encima del 3%.

Se espera que la inflación y las medidas de inflación básica se reduzcan en los próximos meses, en parte por la disipación de los efectos del aumento de los impuestos indirectos a comienzos del año pasado.

La demanda externa se sigue recuperando, jalonada por las economías desarrolladas y por las principales economías emergentes. El dólar se ha depreciado frente a la mayoría de monedas y las primas de riesgo de la región, incluida la de Colombia, se han reducido. Los precios del petróleo se incrementaron nuevamente y se sitúan en niveles superiores a los promedios registrados en los últimos dos años. Si esta tendencia se mantiene, los términos de intercambio seguirían mejorando y, junto con la mayor dinámica esperada de la demanda externa, continuarían favoreciendo la recuperación de los ingresos externos del país.

Debido a los mayores ingresos externos, el equipo técnico redujo su estimación del déficit de cuenta corriente de 3,7% a 3,5% del PIB en 2017, y pronosticó, adicionalmente, que éste continuará reduciéndose a 3,3% en 2018.

Las nuevas cifras de actividad económica del país, para el último trimestre de 2017, confirman una demanda interna débil, con lo cual el equipo técnico del Banco mantuvo la proyección del crecimiento de 1,6% para 2017. Para 2018 su proyección de crecimiento es de 2,7%. El aumento de la tasa de crecimiento se sustentaría en la aceleración de la demanda externa, los efectos de las reducciones previas en las tasas de interés y la inversión en obras civiles, entre otros factores. No obstante, según este pronóstico, la subutilización de la capacidad instalada de la economía se ampliaría en el presente año.

Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión:

La debilidad de la actividad económica y la incertidumbre sobre la velocidad de su recuperación. Si el precio del petróleo se mantiene en los actuales niveles por un período prolongado, aumentaría la inversión en el sector y mejoraría el ingreso nacional. Sin embargo, la incertidumbre sobre la persistencia de estos choques es elevada.

El comportamiento menos favorable registrado en algunos grupos del IPC frente a las proyecciones del equipo técnico, y el riesgo de que la convergencia de la inflación a la meta sea más lenta que la proyectada. La debilidad de la demanda, y el efecto cambiario de los términos de intercambio atenuarían ese riesgo. Sin embargo, la incertidumbre sobre estos eventos es elevada.

En este entorno, al evaluar el balance de riesgos entre la debilidad de la actividad económica y su recuperación esperada, y la velocidad de convergencia de la inflación a la meta, la Junta consideró conveniente reducir la tasa de interés de referencia a 4,5%. Algunos indicadores sugieren que a este nivel la postura de política monetaria es ligeramente expansiva. Con la información disponible, la Junta considera que así se completa el ciclo de reducción de tasas.

La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible.

 

La decisión de reducir la tasa de interés a 4,5% contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Los 3 restantes votaron por mantenerla inalterada.

Durante el último año, Bogotá – Región continuó consolidándose como el principal centro de negocios del país con el mayor número de empresas matriculadas. Bogotá presentó un crecimiento del 8 % en el número de empresas y establecimientos de comercio registrados.

 

El total de empresas de personas naturales y jurídicas registradas en Bogotá y los 59 municipios en los que la Cámara tiene jurisdicción, pasó de 430.853 a finales de 2016, a 465.237 al cierre de 2017, con un incremento de 7,9 %. El número de establecimientos de comercio creció 8,1 %, pasó de 243.791 en 2016 a 263.547 en 2017.

 

La Cámara, que cumple 140 años como la aliada de los empresarios, acompañándolos en todo su ciclo de vida y contribuyendo a construir un mejor entorno para los negocios, desempeña la función de administrar los registros públicos del sector productivo y de reinvertir los recursos que obtiene en el fortalecimiento empresarial, el mejoramiento de la competitividad y en el impulso a la formalización en la Ciudad Región.

 

El tejido empresarial de Bogotá - Región
Suba es la localidad de Bogotá con el mayor número de empresas y establecimientos de comercio con 75.301, que representa el 10 % de la Ciudad. Le siguen Kennedy, con 62.877 empresas (8,7 %); Engativá, con 60.497 empresas (8,3 %); Usaquén, con 57.871 empresas (8,0 %); y Chapinero, con 53.493 empresas (7,4 %).

 

De los 59 municipios de Cundinamarca que están bajo la jurisdicción de la Cámara, Soacha es el de mayor concentración empresarial con 19.517 empresas y establecimientos de comercio, un 2,7 % del total. Fusagasugá, con 11.280, representa el 1,6 %; Chía, con 10.212, tiene el 1,4 %; Zipaquirá, con 9.699, participa con el 1,3 %, y Cajicá, con 5.126, significa el 0,7 % del sector productivo de la Ciudad Región.

 

Del total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá – Región, 663.285 son microempresas (91,0 %), 47.098 son pequeñas (6,5 %), 13.261 son medianas (1,8 %) y 5.140 son grandes (0,7 %).

El sector de servicios se sitúa a la cabeza con 362.193 empresas y establecimientos comerciales (49 %); seguido por comercio, con 266.485 (36 %); e industria, con 100.106 (14 %).

 

En el sector de servicios, el expendio “a la mesa de comidas preparadas” es la actividad que concentra el mayor número de empresas con 29.023. En el de comercio, el primer lugar es para la venta al por menor en establecimientos no especializados (tiendas de barrio), con 36.870 empresas, y en el de industria, confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel) con 15.700 empresas.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, firmó en Roma un acuerdo con el estado italiano con el fin de evitar la doble tributación. “Este tratado va en la misma línea de los que ya hemos firmado con Francia y con el Reino Unido y busca facilitarles las operaciones a los inversionistas de ambos países”, explicó el funcionario.

 

De acuerdo con Cárdenas, la doble tributación constituye un obstáculo a los flujos de rentas y a los movimientos de capital, bienes, servicios y personas de un estado a otro, debido a que la doble carga fiscal, sumada a la incertidumbre generada por la frecuente modificación de las reglas aplicables en materia impositiva en cada estado, desestimula la inversión extranjera y distorsiona el comercio internacional; además, determina la decisión de inversionistas y exportadores de reinvertir y mantenerse en un mercado particular.

 

Es por eso que muchos estados, incluyendo Colombia, han decidido ofrecer alivio por medio de acuerdos bilaterales, que, según el ministro de Hacienda contribuyen a incrementar el flujo de inversión extranjera hacia el país y de colombianos en el exterior, lo cual es fundamental para la inserción del país en los mercados internacionales.

 

El acuerdo para evitar la doble tributación busca incentivar la inversión de compañías de Italia en Colombia de manera que no sea necesario realizar el pago de los mismos impuestos vigentes en los dos países. De igual forma, tiene como objetivo prevenir la evasión fiscal por medio de mecanismos de intercambio de información tributaria, entre otros.

 

Este tratado, inspirado en los modelos de la OCDE y las Naciones Unidas, beneficiará a ambos estados y a sus ciudadanos, así como a los fondos de pensiones y cesantías colombianos y establece tarifas impositivas similares a las que quedaron consignadas en los acuerdos firmados con Francia y el Reino Unido: las tarifas aplicables a dividendos son 5% cuando los beneficiarios de los dividendos son fondos de pensiones y sociedades que poseen más del 20% del capital de las sociedades que reparten dividendos, 15% en todos los demás casos.

 

Cuando se trate intereses se aplicará una retención en la fuente del 0% cuando el beneficiario sea alguno de los dos estados; 5%, si se trata de un fondo de pensiones o una empresa estatal como, en el caso colombiano, Bancoldex, la FDN o la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), y 10% en los demás casos.

 

Finalmente, en relación con las ganancias de capital, se pactaron las mismas condiciones que se encuentran en los tratados que el estado Colombiano ha firmado con otros países europeos, con lo que la enajenación de acciones estará gravada en el país receptor de la inversión cuando i) el valor de éstas se derive en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país receptor de la inversión, o ii) el enajenante de las acciones haya tenido una participación mayor al 10% de la sociedad de la cual se están enajenando las acciones.

 

Adicionalmente, el acuerdo incluye una serie de disposiciones destinadas a luchar contra la evasión y la elusión de impuestos, así como compromisos para intercambiar información entre las autoridades competentes de los dos países.

 

La Inversión Extranjera Directa de Italia en Colombia entre 2010 y 2015 tuvo un acumulado de USD247 millones, equivalentes a un promedio anual de USD 41,2 millones. Sin embargo, esta cifra se ha ido incrementando hasta alcanzar los USD85,6 millones en el período de enero a septiembre de 2017, reflejando un crecimiento de 357,8% frente a la inversión recibida en el mismo periodo de 2016, según cifras del Banco de la República. De acuerdo con cifras de Ministerio de Comercio para el periodo 2014-2015, los principales sectores receptores de esta inversión fueron el financiero, comercio e industria.

A partir del jueves 1 de febrero, los usuarios aduaneros podrán acceder a través del Contact Center de la DIAN a la atención, consulta y solicitud de soporte de incidentes para el uso y aplicación de la normatividad aduanera en los servicios informáticos electrónicos, tal como lo establece la Resolución DIAN 072 del 29 de noviembre de 2016.

 

Este canal de comunicación, facilitará el cumplimiento de las obligaciones y formalidades establecidas en la normatividad, suministrando a los usuarios atención oportuna y acercando la Entidad a la ciudadanía.

 

El periodo de transición durante el cual se podrá acceder a la información tanto a través del Contact Center como de los buzones habilitados en la actualidad: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. será entre el 1 y el 17 de febrero, y a partir del lunes 19 de febrero los buzones antes mencionados serán deshabilitados.

 

Las líneas telefónicas del Contact Center a las que pueden acceder los usuarios aduaneros son: 057(1) 5462200 - 057(1) 6059830 para Bogotá; Línea nacional: 01 900 555 0993 y 01900 111 5462, atención de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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