Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de reforma tributaria, conocido como Inversión Social, tras varias horas de discusión.

“Con esta primera aprobación se ratifica la necesidad de llevar las medidas que contempla el proyecto para seguir apoyando a los más vulnerables, quienes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, generar empleo y condiciones para reactivar la economía y, por supuesto, dar un respiro a nuestras finanzas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

Y agregó que “el espaldarazo que hoy dan las comisiones económicas del Congreso serán un gran impulso para el debate que queda, además, se le envía un mensaje a la ciudadanía al dar continuidad a programas que han sido claves para sopesar la emergencia”.

Frente a la ponencia radicada del proyecto, esta se aprobó sin modificaciones al articulado, los artículos nuevos y las modificaciones a los existentes se dejaron como constancia para que los coordinadores y ponentes los estudien en el marco de segundo debate en plenarias de Senado y Cámara.

Cabe recordar, que entre los artículos nuevos, se destacan los que buscan fortalecer el régimen SIMPLE, para que los micro y pequeños empresarios tengan acceso a una tarifa impositiva favorable, que además contribuya a la formalización. Así como aquellos que buscan dar prioridad a la mujer, pues esta población ha tenido mayor impacto en términos de empleo y pobreza, por eso, se incluyeron artículos para favorecerlas a través del Ingreso Solidario y el PAEF.

Así mismo, los que apoyarán a los empresarios que tuvieron afectaciones relacionadas con los bloqueos y cierres durante las manifestaciones en los meses pasados. De igual manera, los que facultarán a la DIAN y las entidades territoriales para facilitar los procesos de pago y acuerdo con los contribuyentes a través de reducción de intereses y moratorios.

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores informó que las tarjetas de registro de entidades prestadoras de servicios contables expedidas a partir de agosto del año 2021 cambiarán su diseño, asegurando un mayor nivel de seguridad y confianza para las personas que requieran de los servicios de sociedades.

El nuevo diseño contará con sello táctil, micro textos, imágenes en contraste ultravioleta y una marca de agua digital que podrá ser leída a través de la aplicación pública Secure Doc, la cual se encuentra disponible de forma gratuita para Android, Iphone, y PC.

A través de la mencionada aplicación los usuarios tendrán una herramienta adicional que les permitirá verificar la veracidad de los datos contenidos en la tarjeta de registro de entidades prestadoras de servicios contables.

Es importante aclarar que el actual diseño de la tarjeta de registro profesional identificado con el color dorado seguirá vigente y no será de obligatorio cambio; quienes cuenten con este diseño podrán actualizarlo solicitando el duplicado de la tarjeta de registro profesional. La información la podrán encontrar en: https://www.jcc.gov.co/es/registro-de-entidades-duplicado

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el Concepto 400 del 13 de agosto de 2021, refernete al sistema de información decimal. Dicho Concepto responde a la siguiente pregunta:

“(…) Sé que años atrás se emitió una directriz relacionada con la "disminución o eliminación de los decimales" a efecto de hacer más ágil o real la presentación de varias cifras que tenían aproximaciones decimales en informes y que por ello se hacía dificultoso la sumatoria real para que se llegará a cuadrar de una manera exacta.

No sé realmente cual fue el mecanismo utilizado (resolución, concepto, directiva), por ello acudo a sus archivos a efecto de establecer si aún se encuentra vigente y si es así, se pueda mencionar como soporte de sustentación a efecto de agilizar una serie de procesos aritméticos-contables”.

Para conocer la respuesta del CTCP, haga clic aquí.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 939 del 19 de agosto de 2021, con el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020, facultando a la DIAN para efectuar rebajas de sanciones, intereses y capital, con el fin de preservar la empresa y el empleo.

La nueva normativa permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- realizar rebajas de sanciones, intereses y capital, sobre aquellas obligaciones por concepto de impuestos administrados por la entidad, a cargo de empresas que se vieron afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y que se encuentren inmersos en un proceso de naturaleza concursal, bajo el régimen de insolvencia.

El director general de la DIAN, Lisandro Junco, indicó que “indudablemente esta medida es un apoyo a estas empresas que se vieron obligadas a reorganizarse en la coyuntura por la pandemia de COVID y que, estando en un proceso de reorganización, pueden reactivarse, recuperarse y conservarse como fuentes generadoras de empleo.”

“Desde el Gobierno nacional trabajamos para apoyar la #ReactivaciónEconómicaSegura de todas las empresas colombianas. Algunas unidades productivas se vieron obligadas a entrar en procesos de insolvencia a causa de la pandemia. Por eso se ha facultado a la DIAN para que, en estos casos, efectúe las rebajas de sanciones, intereses y capital derivados de obligaciones tributarias pendientes”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Ximena Lombana.

La herramienta ayudará a que la empresa respectiva siga funcionando y a preservar los empleos que esta genera. La norma donde se reglamenta el beneficio establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera, los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.

Para acceder a estas prerrogativas, el contribuyente o deudor podrá presentar la solicitud de rebaja de intereses, sanciones y capital, según el caso, ante el nominador del proceso concursal, sea la Superintendencia de Sociedades, Juez Civil del Circuito o ante las cámaras de comercio, a fin de que la DIAN tenga conocimiento y acceso a la información que en tal sentido presente el deudor.

Serán objeto de las rebajas previstas, las obligaciones que se encuentren reconocidas en el proceso de insolvencia, discriminando el concepto, año, periodo y los valores de capital, sanción e interés. Adicionalmente, deberá acompañar la solicitud de la relación de acreencias objeto de graduación y calificación de acreencias, junto con la memoria explicativa de las causas de insolvencia y proyecto de acuerdo para ponerse al día en el pago de las obligaciones.

Para el caso de los contribuyentes que se encontraban en ejecución de procesos de insolvencia, con anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo 560 de 2020, podrán solicitar la aplicación de la rebaja de capital, sanciones e intereses únicamente sobre el saldo de las obligaciones, lo cual implica efectuar la modificación y renegociación del acuerdo inicialmente pactado entre acreedores, para su posterior confirmación por parte del juez concursal, cuando esta sea procedente.

"El nivel de rebajas está estrictamente ligado al tiempo dispuesto en el acuerdo para el pago de la obligación, a menor tiempo mayor reducción, además de garantizar las prerrogativas a los acreedores que apoyen la financiación del deudor”, precisó el director general de la DIAN.

Vale la pena destacar que este tratamiento no procede para los impuestos indirectos, tales como Impuesto sobre las Ventas – IVA, Impuesto Nacional al Consumo y Retención en la Fuente, entre otros, tampoco a los descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social.

Para conocer el Decreto 939, haga clic aquí.

El Gobierno Nacional realizó formalmente el aumento en un 2,61% en los salarios de más de 1.200.000 servidores públicos de todo el país con la expedición de 27 decretos.

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, reiteró la importancia del diálogo social para lograr consensos: “el Gobierno del Presidente Duque negocia y habla con todos los representantes de los trabajadores. Hoy expedimos 27 decretos en beneficio de los servidores públicos del país y este Gobierno terminará cumpliendo hasta donde nos sea posible, lo que se acordó en la negociación”.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, manifestó que “honrando la palabra, el aumento salarial será del 2.61 % para este año y de 1.64 % más el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2022.

Según lo ha manifestado el gobierno del presidente Iván Duque, hay un compromiso con los trabajadores del país, que ha permitido llegar el mayor incremento salarial de los empleados públicos de Colombia en los últimos 10 años.

Con la expedición de los decretos, las entidades públicas podrán actualizar su Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) la destinación presupuestal para poder realizar el pago de los salarios con el ajuste y el retroactivo correspondiente desde el primero de enero de 2021.

Los decretos se aplican para todos los servidores del orden nacional de las tres ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) incluidos militares, docentes, además de los órganos autónomos y organismos de control del Estado. Por su parte, en las entidades públicas del orden territorial se fijan los topes máximos correspondientes para que las autoridades competentes incrementen el salario a sus servidores.

En cada acto administrativo se especifican las condiciones de reajuste por cada funcionario del estado colombiano, donde se tiene en cuenta la condición individual de cada grupo de funcionarios públicos.

La mesa de negociación colectiva estuvo liderada conjuntamente por los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Los Decretos pueden ser consultados en el Gestor Normativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por medio del Decreto 938 del 19 de agosto de 2021, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo modifica el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

Para conocer el Decreto 938, haga clic aquí.

El gobierno sancionó la Ley 2141 del 10 de agosto de 2021, por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de partenidad.

Para conocer la Ley 2141, haga clic aquí.

Luego de recibir la propuesta consolidada de modificación normativa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios el proyecto "por el cual se modifica el Decreto 2420 de 2015, Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, en relación con la clasificación de las entidades que conforman los Grupos 2 y 3, la simplificación contable para las microempresas y el sistema de caja para las personas naturales y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con la entidad, el plazo máximo para la recepción de comentarios sobre el particular es del tres de septiembre de 2021 y estos deben enviarse al buzón Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El CTCP , observando lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1314 de 2009, remitió mediante oficios electrónicos Nos. CTCP –2021- -000019 y CTCP con radicado 2-2021-034989 dirigidos a los Ministros de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, el “Documento de Sustentación de la propuesta a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) – Mejoras DUR 2420 de 2015 – Proyecto de Simplificación para Microempresas que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

El ámbito de aplicación del proyecto normativo es a nivel nacional y va dirigido a los preparadores de información financiera con propósito general que conforman los grupos 2 y 3. Se precisa que los emprendedores que preparen información financiera con propósito general que pertenezcan al grupo 3, aplicarán el marco regulatorio dispuesto en el anexo 3 del Decreto 2420 de 2015.

Para conocer el Proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 0260 de 2021, el cual responde a una consulta referente a la diferencia en cambio - tasa de referencia. La consulta textual es la siguiente:

“(…) Cuando una compañía posee una cuenta por pagar y por cobrar en Euros, y la tasa que publica el banco de la república de Colombia solo es una tasa media o una de compra o venta y no una de cierre. Adicional tanto la norma local como internacional para aplicar el ajuste por diferencia en cambio especifica la norma que se debe realizar a una tasa de cierre, la pregunta es si la tasa de cierre se puede tomar como fuente primaria del banco central europeo ya que la que publica el banco de la república de Colombia es una tasa media que es muy volátil y más dispar con la realidad”.

Para conocer la respuesta del CTCP, haga clic aquí.

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000 – 1794 de 2021 mediante la cual modifica la forma de acreditar la experiencia técnico contable para obtener el registro de contador público en Colombia.

La mencionada resolución se reglamentan las disposiciones del Gobierno Nacional, incluidas en el Decreto 691 de 2021 del Ministerio de Trabajo, que crearon una serie de reglas para que las prácticas universitarias sean validas como experiencia profesional.

La resolución estableció como válidas para acreditar el requisito de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable para obtener el registro como contador público, las actividades desarrolladas en las prácticas universitarias y en los grupos de investigación.

Entre las prácticas válidas se encuentran:

- La práctica empresarial o práctica contable obtenidas a través prácticas laborales.
- Contrato de aprendizaje.
- Judicatura.
- Contrato laboral.
- Contrato de prestación de servicios o monitorias.

La docencia, debido a que esta no se encuentra contemplada dentro de las actividades de la ciencia contable establecidas de forma estricta en el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, relacionado con el DUR 2420 de 2015 y sus modificaciones.

Solamente se tendrá en cuenta la experiencia técnico - contable adquirida en el territorio nacional.

Las modificaciones empezaron a regir desde el tres de agosto de 2021.