El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en desarrollo de las funciones asignadas en la Ley 1314 de 2009, cumpliendo el debido proceso establecido en el artículo 8º de dicho ordenamiento, emitirá las  recomendaciones al gobierno nacional en relación con la convergencia hacía normas de auditoría y aseguramiento de la información emitidos por la IFAC (Federación Internacional de Contadores, por su sigla en inglés).

Este cuerpo normativo está conformado por: a) El Código de Ética para contadores profesionales;  b) Los estándares sobre Control de Calidad (ISQCs 1-99); c) Estándares de Auditoria y Revisión de Información Financiera Histórica (ISAs 100-999), Estándares de Revisión (ISREs 2000-2699); y d) Los estándares sobre Compromisos de Aseguramiento Diferentes de la Auditoría y Revisión de la Información Financiera Histórica (ISAEs 3000-3699) y Estándares de Servicios Relacionados (ISRS 4000-4699).

Para apoyar las labores del CTCP en esta materia, fue creado el comité técnico ad-honorem, integrado por expertos en la materia, que recomendó la aplicación integral en el país de estos estándares, sin embargo también recomendó que antes de su aplicación deben realizarse cambios en la ley, para que tales normas no entren en contradicción con el marco legal de la revisoría fiscal vigente en el país.

De acuerdo con el plan de trabajo a junio del 2014 del CTCP, se espera elaborar y publicar el borrador de propuesta para discusión pública de las referidas normas en el segundo trimestre del presente año con base en la traducción oficial al español de las normas de auditoría y aseguramiento realizada por IFAC.
En el portal web de la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, están a disposición de los contribuyentes, los formularios para diligenciamiento y presentación de sus obligaciones  tributarias.

Allí, podrán encontrar los siguientes formularios:
140 - Declaración Anual CREE
300 - Declaración del impuesto sobre las ventas - IVA
310 - Declaración impuesto nacional al consumo
430 - Declaración impuesto nacional a la Gasolina y al ACPM

LA DIAN recordó a los contribuyentes que el tercer período de vencimientos para  impuestos nacionales comienza a partir de mañana y culminan el próximo 25 de marzo.  Deberán tener en cuenta el número de su NIT para declarar y pagar a tiempo.  Para mayor información, puede ingresar a www.dian.gov.co.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, realizó una sesión de interacción con la comunidad por medio del llamado Hangout de Google+ en donde resolvió dudas sobre los servicios de banca móvil en Colombia.

El funcionario estuvo acompañado de la Codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, con quien ahondó en temas de interés para toda la ciudadanía como, por ejemplo, los nuevos beneficios en costos que tendrán las transacciones bancarias a través de la telefonía móvil.

En días pasados el Ministro Cárdenas anunció que el Gobierno Nacional obligará a los operadores móviles a reducir los precios que deben pagar las entidades financieras por cada mensaje de texto (SMS) utilizado en transacciones de banca móvil.

Dicho precio no podrá superar los $9,20 por cada mensaje, siendo considerablemente inferior a los $20 y $140 cobrados hasta ahora por cada notificación y/o transacción, respectivamente.

Los interesados en ver el Hangout pueden verlo accediendo aquí.
Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de México, firmaron un acuerdo de entendimiento con el fin de promover el  acuerdo Alianza Pacífico en el sector empresarial.

La Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, explicó que los esfuerzos del acuerdo estarán concentrados en intercambio de conocimiento y mejores prácticas empresariales, así como la promoción espacios de relacionamiento e intercambio comercial.

Este acuerdo de entendimiento contempla tres ejes fundamentales: sensibilización e información para los empresarios, a través de foros internacionales que se realizarán en cada país, así como la realización de misiones tecnológicas sectoriales y de networking.

Así mismo, se realizará un programa de capacitación en materia de compras públicas con el propósito de que las empresas de los países de la Alianza participen en licitaciones. En materia de atracción de inversión se realizarán misiones de posicionamiento de marca-región y se unirán las Cámaras de Comercio para garantizar a los empresarios permanente apoyo a través de los programas y proyectos que se gestionen a través del acuerdo.

Los empresarios de los países que firmaron el acuerdo tendrán acceso a servicios especializados enfocados en las oportunidades de la Alianza Pacífico y podrán ser parte de una red de contactos que permita generar alianzas con miras a la inserción en el Asia Pacífico.

Mónica de Greiff, dijo además que “este primer Gran Foro de la Alianza del Pacífico que se realiza en Bogotá es el primer paso para la coordinación de acciones entre las Cámaras con el objetivo de apoyar conjuntamente a nuestra comunidad empresarial de las cuatro ciudades”.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, destacó el liderazgo que desempeña Colombia dentro de la región, en la lucha mundial contra la evasión fiscal de las multinacionales.

“En la reunión se planteó la necesidad de determinaciones conjuntas, retos específicos, diálogo permanente e intercambio de información entre los países involucrados, para enfrentar con eficacia la problemática de la Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (BEPS) y evitar las maniobras y prácticas agresivas realizadas principalmente por empresas multinacionales”, señaló el ministro.

El funcionario, junto con el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, explicó que así quedó establecido al cierre del evento ‘Consulta Regional Sobre el Proyecto de Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (BEPS) e Intercambio Automático de Información’, en el cual se dieron cita autoridades tributarias de la región, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el G20, y representantes de la sociedad civil, de la comunidad de negocios y de las ONG.

El titular de la cartera de Hacienda informó que durante el encuentro se analizó la situación general de los países de América Latina y el Caribe y de cómo éstos se ven afectados por la facilidad que tienen algunos contribuyentes para efectuar prácticas que llevan a la Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (BEPS).

Igualmente, se consideraron importantes los retos para contrarrestar el fraude fiscal y la implementación de los nuevos esquemas que resulten del Plan de Acción del Proyecto BEPS, el cual consta de 15 puntos críticos. .

Las conclusiones a las que llegaron los expertos serán presentadas en el Global Forum de Precios de Transferencia que se celebrará en el Centro de Conferencias de la OCDE en París, a finales de marzo de este año. Dichas conclusiones son fundamentales dentro del Proyecto BEPS dado que para la OCDE es crucial conocer la posición de los países miembros, y de los están en vía de desarrollo, los cuales también se ven afectados por la problemática de BEPS.

Se espera que dichos diálogos regionales sean el inicio de una comunicación constante entre las naciones de América Latina y el Caribe en la lucha mundial contra la evasión fiscal de multinacionales.
Como resultado del diálogo permanente entre el Ministerio con organizaciones de conductores, propietarios y empresas del sector de taxis, teniendo en cuenta las observaciones recibidas sobre las diferentes versiones del proyecto de decreto publicadas hasta el momento, el Ministerio del Trabajo divulgó a través de su Página Web, una actualización de la propuesta que recoge las inquietudes expuestas hasta el momento por diferentes actores.

Se trata de, a partir del consenso que existe sobre la necesidad de garantizar la seguridad social de los conductores, adoptar las acciones que hagan posible la afiliación y cotización a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales de esta población, explicó el ministro Rafael Pardo.

"No es tolerable que personas que ejecutan una labor de alto riesgo en bien de la sociedad, lo hagan sin protección social", enfatizó el Jefe de la Cartera Laboral.

Según los ajustes a la propuesta, Ningún conductor podría prestar el servicio sin estar previamente afiliado y cotizando a la seguridad social. Las empresas garantizarían a través de la tarjeta de control, que se cumpliera con ese requisito.

El proyecto contempla la afiliación a seguridad social a través de un código especial que habría para los conductores de taxi de todo el país, en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) .

El nuevo proyecto de decreto no contempla la tercerización en materia de afiliación y pago a seguridad social y éste sólo lo haría el conductor o la empresa habilitada. Igualmente propone que las Administradoras de Riegos Laborales (ARLs) afilien a los conductores con la declaración contenida en el formulario, considerando que se trata de una actividad de alto riesgo.

Para revisar la versión actualizada del proyecto,
haga clic aquí.
La Corte Constitucional reunida en Sala Plena declaró ajustado a la Constitución el artículo 37 del actual Código de Minas, (Ley 685 de 2001), el cual establece que con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 del Código, ninguna autoridad regional, seccional o local puede establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

Esta prohibición incluye los planes de ordenamiento territorial.  Así, pues, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no tienen per se facultad para establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, en razón de la propiedad que tiene el Estado sobre los minerales, la cual se le atribuye tanto por la Constitución Política como por la Ley.

En este mismo sentido, el Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 “por el cual se reglamentan el artículo 37 de la Ley 685 de 2001”, precisó las  competencias de las autoridades nacionales y territoriales para armonizar las relacionadas con el Ordenamiento Minero y  las del Ordenamiento del Territorio.

La decisión de la Corte indica que no se podrán imponer proyectos mineros, toda vez que deben ser acordados con la comunidad, ratifica lo que desde el Ministerio de Minas y Energía ha manifestado el Ministro Amylkar Acosta sobre la importancia de la licencia social, que no es otra cosa que el consentimiento de las comunidades para el desarrollo de los proyectos mineros, partiendo de la base de que haya responsabilidad social por parte de la minería, sobre todo la de gran escala, y un beneficio tangible para las comunidades, lo que no implica un derecho de veto a la actividad minera por parte de la comunidad ni de los entes territoriales.

Según lo manifestado por el Ministro Acosta, "este sector es una de las locomotoras  del crecimiento y la prosperidad para todos, no es una aplanadora. Con ello quiero significar que con el fallo de la Corte Constitucional no se sigue que la Nación y/o las empresas mineras o petroleras vayan a avasallar a las regiones productoras; a estas no se les puede desconocer, no se les puede ignorar, pues al fin y al cabo la operación de las empresas se da en el territorio y la actividad minera o hidrocarburífera entrañan un impacto social, cultural y ambiental que hay que considerar. Y el camino para ganarse la confianza y el asentimiento de las comunidades y de las autoridades seccionases por parte de las empresas operadoras es por la vía del diálogo y la concertación. No hay otro camino. En la medida en que estos canales de diálogo social operen las consultas populares, además de ser improcedentes e innecesarias, se quedarán sin piso".
Unir esfuerzos para agilizar la identificación de 8.954 expedientes que aún están en manos del ISS en Liquidación, propuso el Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, Mauricio Olivera González, a la Corte Constitucional.

En audiencia convocada por el máximo tribunal constitucional del país y en la que estuvieron presentes voceros de los ministerios del Trabajo y Salud, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, Olivera planteó la instalación de una mesa de trabajo técnica para trabajar de la mano con el ISS en Liquidación y buscar de manera técnica y precisa optimizar el proceso de entrega de la documentación pendiente.

"Con el fin de darles a 8.954 familias un parte de tranquilidad y de garantizar nuestro compromiso con su bienestar, hoy le proponemos a la Honorable Corte Constitucional la instalación de una mesa de trabajo técnica en la que trabajaremos de la mano del ISS en Liquidación", sostuvo el presidente de la nueva administradora del Régimen de Prima Media.

El Presidente de Colpensiones reafirmó su voluntad de avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas que permitan atender en forma completa y oportuna las solicitudes de reconocimiento y trámites pensionales de los trabajadores que están a la espera de una respuesta.

En su corta historia esta entidad ha recibido del ISS en Liquidación un total de 240 mil solicitudes de pensión, de las cuales sólo faltan por resolver 67 mil.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) recientemente firmaron acuerdos para permitir el uso y publicación de las traducciones oficiales de los pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) y del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) en Colombia.

Señala IFAC, que la disponibilidad de traducciones oficiales de alta calidad al español de tales pronunciamientos son esenciales para facilitar su aplicación, y agrega que dichas traducciones fueron realizadas como resultado del marco de cooperación iberoamericano en el marco del proyecto "IberAm".

En octubre de 2012, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y sus organismos miembros de Argentina, México y España acordaron establecer un marco de Cooperación Iberoamericana (proyecto IberAm) con el objeto de colaborar en un proceso sostenible para producir una sola traducción en español de los estándares internacionales y publicaciones de IFAC.

Debido al gran número de países donde el español es el idioma oficial, la disponibilidad de traducciones al español de alta calidad de las normas internacionales es esencial para facilitar su implementación y adopción global efectiva. El proyecto IberAm incluye una amplia representación de los países de habla española y busca colaborar y coordinar los recursos de traducción de los organismos miembros de forma más efectiva en beneficio de la profesión contable global.

El Comité de revisión del proyecto IberAm está trabajando activamente en la revisión de más de 1.500 páginas de material traducido en 2013. Se espera que la revisión finalice en marzo de 2014.
En un evento con la presencia de S.M. Reina Máxima de los Países Bajos, Asesora Especial del Secretario General de la ONU Sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es una pieza clave para el desarrollo económico del país, teniendo un importante impacto en el bienestar de los colombianos.

“Colombia es uno de los países que tiene los mejores resultados en materia de acceso al financiamiento en términos del cambio que se ha dado en la última década. De un país donde era difícil conectar con el sector financiero, hoy tenemos un país donde hay una enorme presencia del sector financiero a través de mecanismos como los corresponsales bancarios. El nuevo reto es que se utilice ese acceso, que tengamos la posibilidad de sacarle provecho, sacarle dividiendo a esa infraestructura que tenemos, ese es el eje central de la estrategia que hemos planteado hacia adelante”, destacó.

El funcionario señaló que esta estrategia reconoce el importante esfuerzo que el Gobierno y el sector privado han realizado en los últimos años para posicionar a nuestro país como líder de la región en materia de inclusión. Además, resaltó los principales retos pendientes en el país, las prioridades a futuro y las acciones a seguir. Las prioridades se presentaron en cinco ejes:

Servicios transaccionales para población no incluida, con la creación de una nueva licencia financiera simplificada (entidades especializadas en Pagos, Ahorros y Depósitos – PAD).

Promover el uso de servicios financieros para los hogares, a través de la banca móvil, el diseño de productos a la medida de las necesidades y la promoción de nuevos puntos de uso en establecimientos comerciales.

Promover el acceso y uso de servicios financieros para el sector rural, mediante la revisión del esquema actual de subsidios en la financiación del sector agropecuario.

Mayor acceso a crédito para PYMES, con la utilización del recientemente reglamentado Registro de Garantías Mobiliarias, que les permitirá usar activos mobiliarios como garantías de sus créditos y el impulso al uso del factoring o descuento de facturas que les permite acceso a liquidez y financiación a los microempresarios.

Definir una estrategia de educación financiera aprovechando los importantes avances que ya ha realizado el Ministerio de Educación, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República, Fogafín y el sector privado, estableciendo un comité de coordinación de política.

El titular de la cartera de Hacienda destacó, además, la expedición de la Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que reglamenta la utilización de canales móviles para la prestación de servicios financieros.

La resolución incluye un tope tarifario de $9 por mensaje de texto (SMS) utilizado y la apertura de canal USSD usado en modelos exitosos de banca móvil en el mundo.

"Es un cambio fundamental que garantiza unas condiciones estables para que se presten servicios de banca móvil a través de las redes de los operadores celulares”, indicó.

"Las TIC son cruciales para ampliar la inclusión financiera. Las redes celulares les llegan a todos los colombianos, Podrían llevar servicios financieros de calidad a bajos costos a todos los rincones del país", agregó.
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