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Noticias (3251)
BanRepública baja la tasa de interés de intervención en 25 pb. y la sitúa en 5%
Richard santaLa Junta Directiva del Banco de la República en su última sesión decidió bajar la tasa de interés de intervención en 25 pb. y situarla en 5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:
- En septiembre la inflación se incrementó y se situó en 3,97%. La aceleración de la inflación se explicó principalmente por el mayor ritmo de aumento anual del IPC de alimentos, debido a una base baja de comparación. El promedio de las cuatro medidas de inflación básica continuó descendiendo y se situó en 4,58%.
- La inflación de los últimos tres meses fue inferior a lo esperado por el mercado y el equipo técnico del Banco. En el mismo sentido, el equipo técnico redujo las proyecciones de inflación para este año y el siguiente.
- Las expectativas de inflación registraron cambios leves. La de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 se sitúa en promedio en 4,07% y 3,58%, respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública se mantienen por encima del 3%.
- Los efectos directos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación anual de la meta se diluyeron y los indicadores de inflación básica continúan descendiendo. Se espera que los efectos de la indexación de precios y del aumento de los impuestos indirectos de comienzos del año se reduzcan y que, con ello, la inflación y las medidas de inflación básica converjan a la meta.
- La demanda externa se sigue recuperando, jalonada principalmente por las economías desarrolladas. Los precios del petróleo aumentaron y se proyecta que los términos de intercambio finalicen el año por encima del promedio registrado en 2016. En los Estados Unidos, es probable que la Reserva Federal incremente su tasa de interés de política en lo que resta del año. En este entorno, el peso se ha depreciado frente al dólar.
- En Colombia, el equipo técnico mantuvo el crecimiento estimado para 2017 en 1,6% e incrementó su proyección de crecimiento para 2018 desde 2,4% a 2,7%. No obstante este crecimiento se sitúa por debajo del potencial, por lo cual se espera que la subutilización de la capacidad instalada de la economía se siga ampliando.
- La nueva información sugiere que el déficit de la cuenta corriente en 2017 sería del 3,7% como porcentaje del PIB, registrando una reducción frente a la cifra de 2016 (4,4%). Para 2018 se espera que este ajuste continúe.
Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión:
La debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración más allá de la compatible con el deterioro en la dinámica del ingreso originado por la caída en los precios del petróleo. A pesar de que la proyección del equipo técnico sobre crecimiento se incrementó para el próximo año, la brecha del producto continuaría ampliándose.
Los mejores resultados de inflación frente a lo esperado en el último trimestre y las mejores proyecciones del equipo técnico en el horizonte de política. Este comportamiento se ha registrado para varias de las sub-canastas del IPC, especialmente las del grupo de alimentos y transables sin alimentos ni regulados. Estos resultados sugieren que la velocidad de convergencia de la inflación a la meta del 3% podría ser mayor, aunque la incertidumbre al respecto sigue elevada.
Aunque se espera que el ajuste ordenado del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos continúe, existen riesgos en el entorno internacional que pueden afectar dicho ajuste.
En este entorno, al evaluar el anterior balance de riesgos, la Junta consideró conveniente reducir en 25 pb la tasa de interés de referencia, utilizando el espacio asociado a las mejores proyecciones de inflación para 2018. Sin embargo, persisten riesgos en el entorno internacional que limitan la capacidad contra cíclica de la política monetaria a futuro. De acuerdo con lo anterior, esta reducción no debe entenderse como parte de una senda continua de recortes.
La decisión de reducir la tasa de interés contó con la aprobación de 5 miembros de la Junta. Los 2 restantes votaron por mantener la tasa.
DIAN Medellín atenderá solo con agendamiento web desde noviembre 1
Richard santaLa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que, a partir del 01 de noviembre, los ciudadanos clientes de la ciudad de Medellín que requieran ser atendidos en los Puntos de Contacto (Alpujarra, Antigua Aduana y Sede Campestre) de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, deberán programar su cita a través del servicio de agendamiento Web de la Entidad, www.dian.gov.co botón “Asignación de citas”, para los siguientes trámites:
Punto de Contacto Alpujarra:
•Inscripción RUT Persona Natural y/o Firma Electrónica (Emisión y Renovación).
•Inscripción o Actualización RUT persona Jurídica.
•Solicitudes especiales (Cambio de régimen común a simplificado del IVA, cese de actividades en ventas o cancelación del RUT).
•Orientación TAC.
Puntos de Contacto: Antigua Aduana y Sede Campestre:
•Inscripción RUT Persona Natural y/o Firma Electrónica (Emisión y Renovación).
•Inscripción o Actualización RUT persona Jurídica.
De igual manera se recuerda a toda la ciudadanía que el servicio de agendamiento DIAN al igual que la gestión de los trámites son TOTALMENTE GRATUITOS y no requieren intermediación particular.
Para mayor información comuníquese al Contact Center: 057(1) 5462200 - 057(1) 6059830 Bogotá; Línea nacional: 01 900 555 0993 y 01900 111 5462, atención de lunes a viernes 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 am a 2:00 p.m.
Superfinanciera explicó concepto de mora temprana y riesgo potencial
Richard santaEl pasado 29 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 026 de 2017. Al igual que los principios de administración de los préstamos en mora divulgados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la norma en Colombia fue concebida como una estrategia que permite a los establecimientos de crédito una reducción programada de la cartera dudosa en plazos realistas, pero suficientemente ambiciosos (EBA, 2017 p. 8). En otras palabras, la idea es lograr que las entidades realicen una gestión efectiva de su cartera mediante la maximización del recobro y la reducción viable y creíble del nivel de morosidad (EBA, 2017 p. 8).
La norma no modifica ninguno de los criterios contenidos en el Sistema de Administración de Riesgo SARC. En otras palabras, los créditos con 30 días de mora continuarán considerándose como cartera vencida. Y las provisiones siguen constituyéndose bajo los criterios de calificación de riesgo y no exclusivamente de mora.
En línea con lo anterior, las entidades no podrán reversar las provisiones de riesgo que se hayan constituido para los deudores que modifiquen las condiciones de sus créditos.
La innovación de la norma, al igual que en otras jurisdicciones, es la introducción del concepto de mora temprana, es decir aquellos deudores que no hayan alcanzado una mora consecutiva durante los últimos 6 meses mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y mayor a 90 días para comercial y vivienda. El análogo para la EBA son los vencidos recientes y constituyen aquellos créditos con hasta 90 días en situación de mora.
Para estos deudores con moras tempranas o aquellos que puedan ver comprometida en el futuro su capacidad de atender sus obligaciones (ejemplo: el deudor prevé una disminución potencial en su flujo de caja por cambios de trabajo, desempleo, disminución de sus ventas, entre otros factores), la circular habilitó la opción de modificar el crédito.
Una modificación consiste en la posibilidad de cambiar las condiciones originales de los créditos (i.e. tasa, plazo) sin que el ajuste sea considerado como una reestructuración en los términos previstos por la norma.
Las modificaciones podrán realizarse tanto por solicitud del deudor como por iniciativa de la entidad, previo acuerdo con el deudor. Sin embargo, evidenciar cualquiera de estas dos condiciones: mora temprana o deterioro potencial, no implica la aprobación automática de la modificación. El acceso a la modificación no es un derecho adquirido, es una opción potestativa de los establecimientos de crédito, previa evaluación de la capacidad de pago del deudor. Es decir que el deudor debe demostrar viabilidad financiera para acceder al beneficio y, por ende, una vez modificados los créditos podrán continuar causando intereses.
Adicionalmente, “dado que la mayoría de los préstamos no muestran signos de dificultades financieras inmediatamente después de la modificación, es preciso un período de cura para determinar si el préstamo ha vuelto efectivamente a una situación de normalidad”.
Para la EBA el periodo mínimo de cura debe ser de 12 meses; situación que se replica en el caso colombiano para la modalidad de consumo (1 año) y es mucho más estricta para comercial y vivienda (2 años). Una vez surtidos estos tiempos, el crédito podrá salir del monitoreo especial, dado que el deudor cumplió el objetivo de normalizar su calidad crediticia.
Además del tiempo de monitoreo especial, la norma contempla requisitos estrictos en caso de incumplimiento. Por ejemplo, si el deudor incurre en 30 días de mora bajo las nuevas condiciones trae como consecuencia automática su marcación como reestructurado con las consecuencias propias de esta condición (reporte negativo a las centrales de riesgo, empeoramiento de la calificación de riesgo e incremento en las provisiones, entre otras).
En cuanto a los créditos reestructurados, cabe señalar que en esta categoría se incluyen todos aquellos deudores que presenten un deterioro real de su capacidad de pago (mora mayor de 60 días para microcrédito y consumo; y 90 días para las modalidades de comercial y vivienda).
Es importante recalcar que la norma avanza al definir un tratamiento estricto para los créditos marcados en esta categoría, ya que si incurren en una mora superior a 30 días son catalogados como incumplidos, con el consecuente deterioro de su calificación e incremento en provisiones.
La norma también prevé periodos de cura para los créditos reestructurados, en todos los casos superiores al fijado por la EBA. La marca de reestructurado sólo se podrá eliminar cuando el deudor haya efectuado pagos ininterrumpidos a capital e intereses, durante 4 años para la cartera de vivienda y comercial, 2 años para la cartera de consumo y 18 meses para microcrédito.
Finalmente, tanto en el caso de los modificados como de los reestructurados, los periodos de gracia no computarán dentro de los plazos de cura mencionados.
Implicaciones de la norma
La expedición y posterior implementación de esta norma trae consigo implicaciones significativas para el consumidor financiero, los establecimientos de crédito y el supervisor.
En el caso del consumidor financiero, la norma implica la existencia de un enfoque “relacional” en vez de industrializado. En otras palabras, hay una personalización de la situación del deudor desde el momento en el que éste decide acercarse a la entidad para expresar sus dificultades para atender sus compromisos financieros y para suministrar evidencias que reflejen su nueva situación financiera. No obstante, este acercamiento genera un mayor nivel de responsabilidad para el consumidor. En particular, el deudor debe atender cumplidamente sus obligaciones para normalizar su situación, debido a que no podrá acceder a este beneficio múltiples veces.
Para las entidades, la expansión del enfoque relacional desde el segmento corporativo hacia las carteras masivas, supone esfuerzos en materia de divulgación de información al consumidor financiero. Ello implica asegurarse que el deudor comprenda las implicaciones de la modificación (i.e. estas operaciones no modifican su historial crediticio) e informarle los efectos del incumplimiento.
A su vez las entidades necesitarán aprender a reconocer las modificaciones viables de aquellas que definitivamente no lo son. Es decir, antes de aprobar la modificación, las entidades deberán evaluar la viabilidad de la operación a partir de información financiera, actual, documentada y contrastada del deudor (EBA 2017, p. 49).
Igualmente, sin la estructura de gobierno y configuración operativa adecuadas las entidades no podrán hacer frente a la administración eficiente de su cartera en mora (EBA 2017, p. 19). Por consiguiente, la norma requiere la existencia de unidades separadas para la gestión de estos créditos y la originación. También implica el diseño de procesos y procedimientos alineados con el apetito de riesgo de cada entidad. Y no menos importante es el esfuerzo en materia de automatización y registro de la información para poder hacer seguimiento del éxito del recobro.
Para la Superintendencia Financiera, la norma constituye un paso hacia delante en el desarrollo de un enfoque alternativo que reconoce las particularidades del ciclo económico y está encaminado hacia la maximización del nivel de recuperación de cartera. En ese sentido, la supervisión del riesgo de crédito bajo las condiciones establecidas por la norma requerirá de la disposición de un conjunto de indicadores que permita medir el progreso de la estrategia.
Para garantizar la transparencia del proceso y la adopción de mejoras en la revelación del riesgo, las entidades deberán reportar a la Superintendencia el detalle de estas operaciones. Para ello la Superintendencia dispondrá un formato de reporte mensual, a partir de cuya información, enfrentará el reto de construir nuevos indicadores que, sumados a los existentes, permitirán evaluar el grado de normalización de la cartera.
Finalmente, debe indicarse que es de esperar que la normalización de la cartera no sea inmediata sino rezagada, consecuente con el cumplimiento de los periodos de cura y la mejora gradual del panorama macroeconómico.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN informa a los usuarios que deben tener en cuenta que mediante el artículo 108 de la Ley 1819 de 2016 se modificó el artículo 260-5 del Estatuto Tributario, con el objeto de adoptar el alcance de la documentación comprobatoria de precios de transferencia alineándola a los nuevos estándares internacionales establecidos en el resultado de la Acción 13 del proyecto BEPS OCDE/G20.
Por lo anterior, nos permitimos informarles que la DIAN está trabajando en el desarrollo normativo e informático con el fin de que los contribuyentes puedan cumplir con la obligación de presentar el Informe País por País.
Para ver guia y esquema XML, haga clic aquí.
Correos de Superfinanciera con asunto "hemos recibido una orden de transferencia", ignórelos
Richard santaLa Superintendencia Financiera de Colombia advierte al público en general que personas inescrupulosas están suplantando a la Entidad a través de correos electrónicos en los que supuestamente envían información relacionada con una transferencia internacional.
Desde la cuenta de correo denominada "superintendencia financiera" Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. remiten la comunicación electrónica con el asunto “hemos recibido una orden de transferencia internacional la cual sera debitada de su cuenta principal”.
En el contenido del correo ponen un anuncio “Urgente aviso oficial” induciendo a quien lo recibe a dar clic en un adjunto con nombre orden de transferencia.html, descargando con esta acción un archivo con el nombre de ordendetransferencia.rar el cual puede ser contenido malicioso (malware).
Nuevamente la Superintendencia Financiera de Colombia advierte que en ningún caso envía correos electrónicos ni comunicaciones relacionadas con operaciones financieras de los ciudadanos.
En consecuencia, la Superfinanciera puso en conocimiento de la situación al dueño del dominio acousticsystem.com y reportó el hecho a las áreas competentes de la Policía Nacional.
Canales disponibles
La Superintendencia Financiera de Colombia insiste a la ciudadanía en que verifique siempre la información que le suministran, contactándonos a través de los siguientes canales institucionales:
• Ventanilla única virtual en nuestro portal web www.superfinanciera.gov.co
• Sede principal: Calle 7 No. 4-49 en Bogotá
• Conmutador: (571) 594 02 00 – (571) 594 02 01
• Línea gratuita nacional: 018000 120100
• Centro de Contacto (571) 307 8042
• Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Proyecto de resolución fija valor de la UVT aplicable para el año 2018
Richard santaLa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, divulgó el proyecto de resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2018”.
La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 30 de octubre de 2017; a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.
Del 24 al 27 de octubre habrá intermitencia en la web de la DIAN
Richard santaLa Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, DIAN, por medio de La Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, informó que desde el martes 24 de octubre a las doce de la noche (12:00 a.m.) y hasta el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:00 p.m., se realizarán actividades de mantenimiento y actualización del canal de internet de la Entidad.
Debido a lo anterior, el día 25 de octubre entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m. no habrá disponibilidad de ningún servicio tributario y/o aduanero. Durante el tiempo restante y hasta al viernes 27 se podrá presentar intermitencias en los servicios aduaneros y/o tributarios dispuestos por la DIAN.
Comportamiento impuesto de renta para personas naturales año gravable 2016
Richard santaEl pasado 19 de octubre, fecha máxima de presentación de las declaraciones de renta para personas naturales con número de identificación tributaria (NIT) terminados en los dígitos 02 y 01, finalizó el calendario de vencimientos de presentación oportuna de las declaraciones de renta de las personas naturales por el año gravable 2016.
La información disponible a 20 de octubre indica que declararon 2.458.847 personas naturales, quienes presentaron su declaración del impuesto de renta y complementarios, utilizando según su clase de contribuyente los cuatro (4) formularios prescritos para tal fin, superando en 15% la meta esperada de 2.130.000 declarantes.
El 74.9% utilizó el formulario 210 (Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad); el 17.3% declaró en el formulario 230 (Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para Empleados); el 6.2% diligenció el formato 110 (Renta y complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad), mientras que el restante 1.7% lo realizó en el formulario 240 (IMAS para trabajadores por cuenta propia).
El impuesto a cargo declarado, esto es, la contribución de las Personas Naturales a título de Impuesto de Renta fue de $7.98 billones, que luego de descontar las retenciones que le practicaron el año inmediatamente anterior, así como los anticipos y saldos a favor que no fueron solicitado en devolución, se tradujo un saldo a pagar de $1,8 billones. Considerando la mora del 10% que se registra en el impuesto de renta de las Personas Naturales, el recaudo efectivo por este concepto es de $1.6 billones, tal y como estaba previsto.
Vale destacar que las 2.493.316 declaraciones de renta de las personas naturales, incluyendo declaraciones iniciales y correcciones fueron diligenciadas en su mayoría (98.7%) utilizando los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) de la DIAN, ampliando la cobertura de uso de la plataforma DIAN, beneficiándose de las ventajas de usar los SIE de la DIAN que mitigan la ocurrencia de errores de identificación, ubicación y aritméticos en el diligenciamiento.
En efecto, el 24.2% utilizó el Instrumento de firma electrónica; el 60.8% habilitó cuenta para usar los Servicios Informáticos Electrónicos, mientras que el 13.7% acudió a la opción “Usuarios no registrados, diligenciar formularios”. El 1.3% restante (tan sólo 31.705) fue diligenciado en la forma tradicional de usar formularios litográficos (en papel).
Proyecto de decreto sobre la distribución del recaudo de IVA de licores y similares
Richard santaEl Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto para comentarios. "Por el cual se adiciona el Capítulo 8, Título 1, Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y se reglamenta la distribución del recaudo de IVA de licores, vinos, aperitivos y similares con destino al aseguramiento en salud”.
La entidad recibirá comentarios sobre el proyecto de decreto hasta el 6 de noviembre de 2017.
Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.
Proyecto de resolución sobre registro de profesionales de compra y venta de divisas
Richard santaHasta el 24 de octubre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, recibirá comentarios sobre el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio”.
La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.
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SuperSociedades anuncia ofensiva contra el soborno transnacional
Richard santaLa Superintendencia de Sociedades busca mecanismos de cooperación con diferentes países y con autoridades en Colombia para combatir la corrupción en la empresa privada y detectar maniobras ilícitas en el exterior.
El superintendente Francisco Reyes Villamizar reveló que Colombia adelanta gestiones con instituciones de otros países para lograr una mayor cooperación en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Por otro lado, la entidad negocia nuevos mecanismos de intercambio de información con autoridades colombianas, incluyendo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
"Hemos visto cómo algunas empresas participan muy activamente en circunstancias que pueden contribuir de manera muy significativa a la corrupción. No solamente corrupción entre el sector privado y el sector público, que es el típico soborno, sino también corrupción privada, es decir, aquella que ocurre entre particulares,", afirmó el Superintendente Reyes Villamizar.
Al intervenir en el foro sobre lucha contra la corrupción "Hacia la Integridad", promovido por la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el superintendente les recordó a los empresarios que es un mal negocio violar la Ley de Soborno Transnacional.
Vale recordar que la Ley Antisoborno le permite a la Superintendencia de Sociedades multar a las empresas colombianas que ofrezcan dádivas a funcionarios públicos extranjeros. Las sanciones pueden llegar hasta los 200.000 salarios mínimos legales, así como a la prohibición para contratar con el Estado hasta por 20 años.
¿Qué pueden hacer los empresarios?
Las recomendaciones a los empresarios incluyen, entre otras medidas, la puesta en marcha de sistemas de autocontrol de este tipo de conductas, tener esquemas sofisticados para que las operaciones sospechosas sean reportadas a los más altos niveles de la compañía y someter a intermediarios y clientes a procesos de debida diligencia para asegurarse de que no ponen a la compañía en un riesgo de corrupción.
El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, invitó a la comunidad contable a conocer lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, el cual adicionó el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990 frente a la Responsabilidad de los Revisores Fiscales:
“(…) Artículo 32. Responsabilidad de los revisores fiscales.El artículo 7° de la Ley 1474 de 2011 quedará así:
Artículo 7°. Responsabilidad de los revisores fiscales. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:
5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. (…)”
Cordialmente;
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
Presidente Tribunal Disciplinario
UAE Junta Central de Contadores
Alianza del Pacífico busca mecanismo financiero conjunto
Richard santaLos Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico destacaron los avances en el desarrollo de la agenda de trabajo para promover la integración financiera regional, lo cual permitirá aumentar los flujos de inversión, las oportunidades de empleo y favorecerá el mayor crecimiento económico en los cuatro países.
En particular, los Ministros acordaron avanzar en la contratación de un mecanismo financiero conjunto que permita gestionar de manera integral la transferencia de riesgos que beneficie a los países de la Alianza del Pacífico y a sus habitantes ante la ocurrencia de terremotos, por lo que, en una primera instancia, los equipos de trabajo avanzarán en el diseño y estructuración de un bono regional para la gestión del riesgo de catástrofes (terremotos), que pueda ser emitido durante el primer trimestre de 2018.
Este mecanismo permitirá proteger, mitigar el impacto de las pérdidas sobre los presupuestos y, en general, fortalecer las finanzas públicas de los países miembros ante la ocurrencia de terremotos. Asimismo, la contratación conjunta generará beneficios adicionales de diversificación que se traducirán en un menor costo para la cobertura.
La agenda de la reunión también incluyó la suscripción de la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Este acuerdo reconoce la condición de residentes a los fondos de pensiones, por lo que quedarán cobijados bajo los acuerdos bilaterales ya existentes para evitar la doble tributación. Asimismo, la Convención establece un techo del 10% al impuesto de renta aplicable a las ganancias de capital que generen las inversiones de estos fondos en cualquiera de las jurisdicciones que conforman la Alianza del Pacífico. Lo anterior incentivará la participación de inversionistas en los mercados de capitales de la región y beneficiará a sus afiliados con el acceso a más alternativas de inversión.
De la misma forma, los Ministros de Finanzas y los Supervisores de Valores de los países miembros de la Alianza del Pacífico suscribieron la Declaración de Intenciones sobre el establecimiento del Vehículos de Inversión Colectiva de la Alianza del Pacífico (Pasaporte de Fondos). Este acuerdo establece la voluntad de las partes, que incluye una hoja de ruta para identificar los ajustes normativos necesarios que permitan la comercialización regional de los Vehículos de Inversión Colectiva, una vez hayan sido autorizados por cualquier país miembro de la Alianza, sin que se tengan que inscribir o registrar en cada jurisdicción, conforme al procedimiento que en su caso se acuerde. Esta medida facilitará la adquisición de estos productos por nuevos clientes y permitirá canalizar de forma más eficiente los recursos de los mercados de capitales hacia proyectos productivos de las economías de la Alianza del Pacífico.
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Finalmente, durante la reunión se acordó avanzar en la estructuración de un Fondo de Inversión en Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP), que permita canalizar una mayor cantidad de recursos desde los mercados de capitales regionales y globales hacia la financiación de proyectos de infraestructura en los cuatro países. En este sentido, se avanzará en la socialización de la propuesta presentada por la consultoría realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, para determinar el interés de posibles gestores e inversionistas en este mecanismo.
CTCP pide revisar dos artículos del Proyecto de Ley Anticorrupción sobre revisores fiscales
Richard santaEl Consejo Técnico de la Contaduría Pública, expidió carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, doctores Efraín José Cepeda Sarabia y Rodrigo Lara Restrepo, en los que expresa su posición frente al Proyecto de Ley Anticorrupción que surte trámite legislativo en el Congreso.
En la misiva, el CTCP recomienda que revalúe la redacción de los artículos cuarto y cuadragésimo primero del proyecto para que permitan aclarar que la responsabilidad del revisor fiscal se considere en el ámbito de sus funciones de evaluación y que la eventual omisión en informar actividades sospechosas se evalúe considerando su conocimiento de la situación o la negligencia manifiesta al desarrollo de sus funciones.
Para el Consejo, la figura del Revisor Fiscal debe ser tomada como un órgano de aseguramiento y fiscalización con funciones de inspección y vigilancia pero que no hace parte de la administración de la entidad a la que presta sus servicios, razón por la cual el tipo de control que ejerce no es previo sino posterior.
Así, cualquier responsabilidad que se le exija en relación con el reporte de operaciones sospechosas de corrupción, debe estar en línea con la naturaleza y alcance de su función, más si se considera que la corrupción a menudo se fragua sobre transacciones de ocultamiento por fuera de la entidad. Considerada la redacción de los artículos en mención, se partiría del supuesto de que el revisor fiscal en ejercicio de sus funciones puede conocer los hechos, lo que supone un riesgo para el ejercicio del profesional que preste el servicio.
Los artículos del proyecto de ley en mención expresan lo siguiente:
(…) Artículo 4. Adiciónese un artículo 325C a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 325 C. Omisión de reportes sobre operaciones sospechosas de corrupción. Los abogados, contadores, revisores fiscales y jefes de control interno, que estando obligados a reportar en los términos definidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, omitan el cumplimiento de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor” (…)
(…) Artículo 41. Sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de corrupción. Los abogados, contadores, revisores fiscales y jefes de control interno están obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos, condiciones, actividades o sectores que para el efecto señale el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá expedir la reglamentación correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.