La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que el día 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado decretó la “SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos del artículo 7º del Decreto 4910 de 2011 (…)”, relacionado con los requisitos que deben acreditarse para cada año gravable en que se solicite el beneficio de progresividad en el pago del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios establecido en la Ley 1429 de 2010.

En estas condiciones, el cumplimiento de esta disposición queda sin efecto legal alguno hasta que el Consejo de Estado defina de fondo la respectiva demanda de Nulidad, es decir, a la fecha no hay lugar a que se exija y/o presente solicitud alguna, ni de presentar carta ante la DIAN, por cada año gravable para disfrutar del beneficio por parte de las Nuevas Pequeñas Empresas.

Es importante precisar que todas las Nuevas Pequeñas Empresas, que se constituyan y quieran beneficiarse de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, deben cumplir con los requisitos generales del artículo 6° del Decreto 4910 de 2011.

La Cámara de Comercio de Bogotá informó que por motivo del cierre de la temporada de renovaciones 2015 y la celebración de la Semana Santa, prestara el servicio en todas sus sedes y puntos de servicio regionales el miércoles primero de abril: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Adicionalmente, informó que el sábado cuatro de abril de 2015 solo prestarán servicio la Sede Centro y Norte, en el horario habitual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que no es dable predicar la autonomía fiscal de las entidades territoriales, con el fin de aplicar una norma tributaria local que contraría las disposiciones legales especiales.

Síntesis del caso: Gases de Occidente S.A. E.S.P. declaró en Cali el ICA del año 2003, por haber desarrollado la actividad de fabricación de gas y/o distribución de combustibles gaseosos por tuberías. Para el efecto, aplicó la base gravable prevista en el art. 67 de la Ley 383 de 1997, esto es, el margen bruto de comercialización del combustible, del que excluyó los costos del gas.

El municipio modificó la declaración para aumentar la base gravable, determinar un mayor impuesto a pagar, rechazar retenciones y sancionar por inexactitud. Ello, en aplicación del art. 21 del Acuerdo 35 de 1985, del Concejo de Cali, según el cual el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, del que no se descuenta el costo de comercialización del gas.

Al estudiar la legalidad de los actos de determinación del ICA, la Sala concluyó que el municipio no podía invocar la autonomía tributaria de que gozan los entes territoriales para aplicar el referido Acuerdo, en contravía de las disposiciones legales especiales que, en el caso concreto, prevén reglas para determinar la base gravable del tributo para la actividad de distribución de gas combustible, bien que se realice como servicio público domiciliario o no.

Así, señaló que si la ley consagra una base gravable especial para ciertos contribuyentes de un impuesto, las normas locales no pueden aplicar la regla general o fijarbases gravables distintas. En consecuencia, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto anuló los actos acusados, por haberse fundado en una norma no aplicable al caso (art. 21 Acuerdo 35 de 1985), que acoge la regla general prevista en el art. 33 de la Ley 14 de 1983 para liquidar el ICA.

Extracto: Si bien la controversia no se centró en si Gases de Occidente debía tributar con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 o en el artículo 67 de la Ley 383 de 1997, es decir, si debía liquidar el impuesto sobre el valor promedio mensual facturado por la prestación del servicio público domiciliario de gas, o sobre el margen bruto de comercialización del gas combustible –en el que se excluye el costo del gas- o sobre ambos, en proporción a los ingresos obtenidos por ambas actividades, lo cierto es que los actos administrativos demandados no aplicaron ninguna de las dos reglas especiales previstas para las actividades desarrolladas por Gases de Occidente, sino la regla general, razón por la que debe declararse su nulidad. 4.4.- Si bien es cierto, como lo argumenta el Municipio de Cali, que las entidades territoriales gozan de autonomía fiscal, no puede olvidarse que dicha autonomía es relativa y está sujeta a las previsiones que sobre la materia haga el legislador.

Por ser la República de Colombia un Estado unitario, dentro del principio de la descentralización administrativa incorporado en nuestra Constitución, el Congreso de le República conserva su primacía tributaria y los concejos municipales, al igual que en la anterior Carta Política, continúan gozando de relativa autonomía tributaria, limitada por las normas de naturaleza superior. Por eso, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, es necesario conciliar el principio de Estado unitario con la autonomía de las entidades territoriales, como una garantía general para los contribuyentes, bajo la idea de que las entidades territoriales no son titulares de la soberanía fiscal por mandato constitucional, en relación con la creación o determinación de los impuestos territoriales. 4.5.- Como el Congreso de la República es el órgano competente para regular todos o algunos de los elementos del tributo, atendiendo el principio de libre configuración legislativa, las normas locales deben acatar la ley, de acuerdo con la mayor o menor amplitud que le otorgue la norma nacional.

En ese sentido, si la ley prevé una base gravable especial para ciertos contribuyentes en un tipo de impuesto, las normas locales no podrán aplicar la regla general o prever bases gravables distintas a las ya fijadas por el legislador. 4.6.- Así las cosas, como en el caso concreto el legislador dispuso reglas específicas para determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio para la actividad de distribución de gas combustible, como servicio público domiciliario o no, el Municipio de Cali estaba en la obligación de aplicar la norma correspondiente a fin de realizar su actividad de fiscalización. Se insiste, no es dable predicar la autonomía territorial para pretender aplicar una norma local que está en contravía de las disposiciones especiales consagradas por el legislador.

Sentencia de 29 de octubre de 2014. Exp. 76001-23-31-000-2008-00455-01 (19514) M.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

En un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, la entidad indicó que los notarios deberán llevar los libros de contabilidad debidamente numerados, foliados y registrados en la administración de hacienda correspondiente.

Además, indicó que si un notario desarrolla una actividad diferente que lo obligue a su vez a llevar contabilidad, se encuentra obligado a llevar contabilidad por esta actividad como lo exige el código de comercio.

Para conocer el concepto CTCP completo, descargue el archivo adjunto a esta noticia.

Mediante la Resolución 139 del 24 de marzo de 2015, la Contaduría General de la Nación incorporó, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores; y que no captan ni administran ahorro del público; y se define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar dicho marco.

Para conocer la Resolución 139 del 24 de marzo de 2015, haga clic aquí.

La renovación oportuna y temprana de la Matrícula Mercantil además de evitar sanciones, garantiza una mejor atención al momento de hacer el trámite; teniendo en cuenta que restan solo cuatro días hábiles para llevar a cabo la renovación presencial de este registro.

Por lo anterior, el próximo sábado 28 de marzo las tres sedes de La Cámara de Comercio del Oriente ubicadas en los municipios de Rionegro, Sonsón y La Ceja del Tambo, prestarán su servicio de atención al público.

El horario de atención será desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m., en las tres sedes. La Entidad invita a los empresarios de la Región para que aprovechen todas estas facilidades puestas a su disposición en pro de efectuar oportunamente este trámite comercial cuyo plazo vence el próximo 31 de marzo.

Los empresarios también tienen a su disposición permanentemente el portal www.ccoa.org.co

el cual les permite realizar este trámite en internet.

La matrícula debe renovarse anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año según lo contempla la Ley. Por su parte, el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro y el Registro Nacional de Turismo deben renovarse hasta el 31 de marzo de 2015, mientras que el Registro Único de Proponentes tiene plazo para renovarse hasta el 5to día hábil del mes de abril, que para este año corresponde al 9 de abril de 2015.

La Contaduría General de la Nación, CGN, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Catálogo general de cuentas para las Empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público, bajo el ámbito de aplicación de la resolución 743 de 2013 y modificatorias.

Este Catálogo General de Cuentas se utilizará para efectos de homologación y reporte de información a este organismo de regulación contable, en las condiciones y plazos que este defina.

Dicho Catálogo está incluido en la Resolución 117 del 11 de marzo de 2015 de la Contaduría General de la Nación. Para conocer la Resolución completa, haga clic aquí.

El IASB, organismo encargado de la emisión de Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), está llevando a cabo un proceso de discusión pública del proyecto de modificación de norma denominado “Clasificación de Pasivos (Modificaciones propuestas a la NIC 1)”. Por su parte, el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), cuyo representante por Colombia es el CTCP, ha conformado el Grupo Técnico de Trabajo 38 (GTT 38) para analizar esta temática y presentar una posición unificada por Latinoamérica ante el IASB.

De acuerdo con lo anterior, el CTCP pone a disposición del público el mencionado proyecto de norma, el cual contiene las preguntas planteadas por el IASB y sobre las cuales pedimos el envío de comentarios a las direcciones electrónicas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta el 11 de abril de 2015, con el fin de consolidarlos y remitirlos al Glenif.

Se advierte que una vez el IASB emita la modificación correspondiente, el CTCP la pondrá en discusión pública para que surta el debido proceso previsto en la Ley 1314 del 2009.

Los documentos relacionados con el aludido proyecto de norma pueden ser consultados haciendo click aquí.

A través del Oficio 220-027263 del 03 de marzo de 2015, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto sobre el alcance derecho inspeccion sociedades anonimas.

El texto completo del Oficio es el siguiente:
“Me refiero a su escrito enviado a través de la página web de esta entidad y radicado con el número citado, mediante el cual formula una consulta relacionada con el ejercicio derecho de inspección en la sociedades anónimas, la cual con el alcance previsto en artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, será resuelta a partir de la doctrina que sobre el tema ha emitido esta Superintendencia, atendiendo que para el caso de tales sociedades el derecho aludido se encuentra regulado en el artículo 447 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995.

A ese propósito esta Entidad a través del oficio 220-131491 del 16 de septiembre de 2013, expresó:

“…el derecho de inspección permite a los socios o accionistas que son ajenos a la administración, acceder a los documentos de la compañía, para poder enterarse del estado de los negocios sociales, sin que tengan derecho a tomar fotos, copiar por cualquier medio o capturar a su discreción la imagen de tales documentos, pues, como es sabido, el derecho de inspección no puede ir más allá de la posibilidad que tienen los socios de revisar, estudiar y analizar la información respectiva, en los términos y condiciones a que haya lugar según el tipo de sociedad de que se trate. Tampoco pueden examinar los documentos en forma ilimitada, toda vez que la inspección apunta a verificar el contenido de los documentos, sin que tengan derecho a pedir copias, dado que se desbordaría la naturaleza del derecho de inspección. No obstante, mediando autorización del máximo órgano social, los socios pueden sacar las fotocopias que consideren necesarias y que estén íntimamente relacionadas con los temas subexamine, o solicitarlas directamente a la administración.” (Subraya fuera del texto)

De otra parte, en cuanto hace a la entrega de dispositivos de memoria electrónica en las asambleas que no pueden consultarse, esta Entidad no encuentra ninguna objeción al respecto, pues el derecho de inspección como es sabido, no comporta para la sociedad la obligación de entregar ningún elemento o medio físico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que previamente a la celebración de la reunión de la asamblea, los accionistas han tenido la posibilidad de acudir personalmente a las oficinas de administración de la sociedad a inspeccionar los documentos durante el término previsto en la ley, en este caso, de quince (15) días hábiles, y por ende han podido consultar y revisar los documentos, soportes e información correspondientes al período contable objeto de revisión, a efecto de conocer la situación financiera de la compañía, así como también la forma como los administradores han cumplido su mandato durante un período determinado”.

Más de 10 mil 500 vacantes han registrado 650 empresas que aspiran a ser incluidas en el programa "40 mil primeros empleos", así lo anunció el Ministerio del Trabajo.

El ministro del Ramo, Luis Eduardo Garzón, reveló que este ambicioso plan del Gobierno Nacional, busca hacer frente a uno de los principales retenes que enfrentan los jóvenes al buscar trabajo; la falta de experiencia, comenzará a implementarse en Cali, el próximo 15 de abril cuando se abran las inscripciones para los bachilleres, técnicos, tecnólogos y universitarios aspirantes.

Con el programa "40 mil primeros empleos", el Gobierno Nacional financiará durante seis meses el costo en la nómina de las empresas de estos nuevos trabajadores, y a cambio los empresarios deberán retener el 60 por ciento de los mismos por otros seis meses.

"Pero si vamos a invertir en estos jóvenes, pagamos su ingreso por seis meses serán empleos con valor agregado, en términos de conocimiento y de reconocimiento de su trabajo, no cualquier trabajito", declaró Garzón.

El Ministro del Trabajo expuso en dicho espacio periodístico la estrategia del Gobierno Nacional "Trabajo sin Palancas" que busca generar durante el 2015, 700 mil nuevos empleos. Consideró además, que con sectores como la construcción, el impulso a las vías de cuarta generación, el comercio y otros planes del Gobierno Nacional, entre otras alternativas, permitirán llegar a esta meta.