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El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, radicó, con mensaje de urgencia, el Proyecto de reforma tributaria o Inversión Social, como fue denominado, que busca recaudar $15,2 billones al año.

La iniciativa presentada al Congreso de la República beneficiará a 7,8 millones de hogares (más del 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de Covid-19) y se constituye en el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.

En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

Es así como se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegará a más de 4 millones de hogares a partir de abril de 2022.

De acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos. “Con esto, queremos darle continuidad al esfuerzo en reducción de la pobreza, que ha venido realizando el Gobierno Nacional”, agregó.

Así mismo, el proyecto contempla un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente para el primer empleo, el cual alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales. Con este incentivo, se espera beneficiar cerca de 319.000 jóvenes, lo cual contribuiría a reducir sustancialmente la tasa de desempleo juvenil, de 24,2% observada en 2020 a 19,3%.

Por su parte, para el resto de la población que gane hasta 3 salarios mínimos, se dará un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo, con lo cual un empleador alcanzaría a cubrir cerca del 40% de la seguridad social de sus empleados. Este incentivo beneficiaría a 271.000 personas.

Ambos subsidios permitirán recuperar cerca de 500.000 empleos, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público.

El apoyo a la nómina (PAEF) es otro de los programas que se planea extender. Estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados.

Se extenderá por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando así a 400.000 empleados, con un costo de $1,1 billones.

De otro lado, el Proyecto de Inversión Social también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.

Austeridad y gasto público
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Según el Ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.

“También llegaremos a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó el funcionario.

Pero esto no es todo, habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad; y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.

Plan antievasión
Otro de los grandes pilares del Proyecto de Ley radicado en el Legislativo es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $2,7 billones anuales.

Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

Mayores ingresos provenientes del sector empresarial
El Ministro de Hacienda y Crédito Público sostuvo que la iniciativa radicada, contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.

Se propone también establecer una tarifa de renta para empresas de 35%. En 2017, esta tarifa de renta era de 40%, y en 2018 de 37%, para empresas con utilidades de más de $800 millones. Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen SIMPLE de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.

También se plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. “Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la Dian”, explicó Restrepo.

El Ministro destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.

Instrumentos de reactivación y sostenibilidad fiscal
El proyecto radicado permite, además, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.

De otro lado, pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.

Para conocer el proyecto de reforma tributaria, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Proyecto de reforma tributaria, denominado de Inversión Social, que busca recaudar $15,2 billones.

Se trata de una iniciativa que pretende, mediante un articulado corto, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

La propuesta plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente.

Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, la ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares.

Por su parte, la extensión del PAEF para el segundo semestre de este año, apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos.

“Focalizaremos el programa en las pequeñas empresas e incluiremos personas naturales con negocios que empleen mínimo a dos personas”, aseguró Restrepo, quien dijo que para este nuevo ciclo se prevé que se postulen 55.000 empleadores que corresponden a 400.000 empleados.

De otro lado, en materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y continuaremos brindando estímulos y mejores condiciones a los usuarios de crédito educativo de Icetex.

Con estas medidas y los programas sociales vigentes, el Gobierno Nacional llegará a más de 25 millones de colombianos que se verán beneficiados. La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022.

Plan de austeridad
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Dicho plan incluye una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.

De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.

También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.

Propuesta antievasión
El Proyecto de Inversión Social le apuesta, además, a uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones.

Es así como otorga facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida.

Así mismo, contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados y de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.

No se tocará a la clase media
“El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tocará a la clase media”, reafirmó el ministro Restrepo, quien explicó que la iniciativa que se presentará al legislativo incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).

Se contempla, además, un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.

De acuerdo con el Ministro todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.

Así las cosas, el Proyecto de Inversión Social es el resultado de consensos, que permitirán “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”, concluyó el funcionario.

El Ministerio de Hacienad publicó un documento en el cual explica los principales puntos que contendrá la nueva reforma tributaria, o Proyecto de Inversión Social como lo ha denominado, que presentará al Congreso el próximo 20 de julio.

Para conocer el documento, haga clic aquí.

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunió el día 3 de junio de 2021 con el fin de analizar la evolución de las finanzas públicas y revisar una versión preliminar del escenario fiscal de las próximas vigencias de cara a la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. De igual forma, el Ministerio de Hacienda realizó una presentación de los principales elementos de consenso que ha venido trabajando con diversos actores sociales, empresariales y políticos, en el marco del proyecto de inversión social que ha venido liderando el Ministro de Hacienda.

El Comité llama la atención sobre la delicada situación de las finanzas públicas y la consecuente imperiosa necesidad de aprobar una reforma tributaria que genere mayores ingresos permanentes, a partir de 2022 y 2023. El Comité también reconoce el complejo balance que se debe sortear en esta coyuntura, y los esfuerzos del Gobierno nacional por mantener los apoyos a la población más afectada por los efectos de la pandemia e impulsar la reactivación económica, a la vez que se protege la sostenibilidad fiscal. La estrategia fiscal expuesta por el Ministerio de Hacienda cimienta las bases para iniciar el proceso de reducción del déficit fiscal a partir de 2022, tomando en consideración la necesidad de ese balance.

Dada la débil situación económica y social actual, en el debate público se ha sugerido la expectativa de que este proyecto genere ingresos permanentes adicionales de alrededor de 1% del PIB. Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva.

El Comité manifiesta que es deseable que el Marco Fiscal de Mediano Plazo cuantifique estas necesidades futuras, y sus posibles fuentes y temporalidad, de tal suerte que se construya una senda creíble de convergencia de la deuda pública a los niveles deseados. Asimismo, consideró que el proyecto de ley debe incorporar una meta de deuda en el marco de la Regla Fiscal, que consolide la confianza de la sociedad en este instrumento.

El Comité reitera que es indispensable contar con el compromiso de todos los actores de la sociedad para asegurar la coherencia entre las demandas al Estado y la suficiencia de recursos que los distintos grupos de la sociedad deben aportar. La situación estructural de las finanzas públicas es tal que esta coherencia no existe, y las nuevas demandas surgidas de la pandemia han ahondado la brecha. Lograr esta coherencia, requerirá un mayor esfuerzo futuro de todos, incluidos grupos de la sociedad que históricamente han aportado por debajo de sus posibilidades.

El periódico El Tiempo publicó el texto de la reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso. El proyecto de 110 páginas tiene como objeto:

“optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la articulación de los siguientes instrumentos que operan en conjunto, así: (i) la redefinición de la regla fiscal; (ii) el fortalecimiento y focalización del gasto social; y (iii) la redistribución de las cargas tributarias y ambientales. Adicionalmente, se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación”.

Para conocer el proyecto de reforma tributaria, descargue el archivo adjunto a esta nota.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma tributaria, denominada por el gobierno Ley de Crecimiento. El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, destacó que se va a demostrar que la devolución del IVA será un éxito y se reflejará en la disminución del índice GINI (que mide la desigualdad), que según nuestros cálculos será cerca de 1,3 veces más de lo que se ha venido reduciendo cada año.

De igual forma, hizo un llamado a no caer en interpretaciones apresuradas o en noticias falsas. “Quiero ser muy claro: con esta ley no estamos creando ‘gabelas’ para los más ricos. La disminución en el impuesto de renta es para todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes. El descuento del IVA para bienes de capital importados es abaratar costos para que nuestro aparato empresarial se modernice más rápidamente y produzca más barato”, aclaró.

Y agregó que: “por el contrario, estamos siendo justos. El impuesto de renta para los que tienen ingresos de más de $36 millones mensuales, el del patrimonio y a los dividendos, junto a la sobretasa a la renta del sector financiero para invertirlos en vías terciarias, demuestra que los que más tienen, pagarán más”.

Así mismo, Carrasquilla Barrera recordó que se incluyeron varias medidas para avanzar en la reducción de la desigualdad, como la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre de Colombia, cerca de 2,8 millones de hogares, la reducción gradual de la cotización a salud de los pensionados de un salario mínimo del 12% al 4%, la creación de incentivos adicionales a los que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años.

Esta Ley tendrá un recaudo neto de $13.5 billones en 2020 explicados así: impuesto de renta a personas de mayores ingresos, sobretasa al sistema financiero, IVA plurifásico en cervezas y gaseosas, y normalización tributaria: $5,3 billones; más crecimiento económico: $3,2 billones y menor evasión e implementación de la factura electrónica: $5 billones.

Con varios artículos nuevos y con un importante contenido social, las comisiones terceras del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la reforma tributaria o Ley de Crecimiento, como la ha denominado el Gobieno.

El ministro de Hacienda y Crédito Público encargado Juan Alberto Londoño, pidió no caer en errores en las interpretaciones que se les dan a las medidas introducidas en la ley, por ejemplo, el descuento del IVA en los bienes de capital no se trata de una ‘gabela’ para los ricos, sino para abaratar los costos de producción que tienen los empresarios, desde el más pequeño al más grande.

“Yo creo que cuando dicen que estamos dando beneficios tributarios por permitirle al productor, descontar un costo, están diciendo mentiras. Démosle la oportunidad de producir más barato. En el país, el 97% de las empresas son medianas y pequeñas, nosotros tenemos que darle la oportunidad de producir a ellos. Repito: esto no es para los ricos”, expresó.

De igual forma, aseguró que esta ley es responsable fiscalmente, teniendo en cuenta que se está generando una senda de crecimiento y unas herramientas de fiscalización como la factura electrónica.

“Sin esta reforma perderemos $680 mil millones que se destinaron para vías terciarias en las regiones que generan mayores ingresos, empleos y competitividad para los productores de estos territorios”, señaló.

Hay que resaltar que se incluyeron cuatro medidas para avanzar en la reducción de la desigualdad, como la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre de Colombia, cerca de 2,8 millones de hogares.

La segunda medida, que fue una promesa del presidente de la República Iván Duque para los jubilados que reciben pensiones de un salario mínimo, es reducir gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4%.

La tercera medida tiene que ver con la creación de incentivos adicionales a los que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años.

Habrá tres días sin IVA al año en los que las familias podrán adquirir vestuario, calzado, útiles, algunas tecnologías, a precios más bajos ya que no tendrán que pagar este impuesto.

Londoño Martínez agradeció a los congresistas por el trabajo comprometido y las largas jornadas de discusión en las cuales se escucharon las voces de las bancadas que discutieron y aprobaron en primer debate esta Ley de Crecimiento.

El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que le dará continuidad a las medidas introducidas por la Ley de Financiamiento, la cual fue declarada inexequible por vicios de forma por la Corte Constitucional hace una semana.

De esta manera, se da cumplimiento al anuncio realizado por el presidente de la República Iván Duque, el pasado miércoles 16 de octubre, cuando se comprometió a presentar el mismo proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República hace casi un año, enviando un mensaje de tranquilidad a quienes han sentido los beneficios de este paquete de medidas.

La propuesta propone ratificar las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar aquellas disposiciones que:

(i) Cumplieron con su objetivo en el año 2019, porque tenían una vigencia limitada a ese año y no se consideró pertinente volver a establecerlas para el 2020 y siguientes,

(ii) Establecían un plazo o transición para que los contribuyentes se ajustaran a las nuevas medidas, con el fin de eliminarlos para aquellos casos en los que se estimó innecesario volver a otorgarlos por haber accedido a los mismos,

(iii) Al hacer referencia al año 2019 naturalmente debían ser actualizadas al año 2020 o debía hacerse referencia explícita a la Ley 1943 de 2018 y,

(iv) Fueron modificadas por la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.”

Así, queda ratificada la palabra del presidente y del ministro Alberto Carrasquilla, quienes se comprometieron a presentar en el menor tiempo posible el proyecto en mención.

El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, explicó que, aunque el Gobierno nacional confía en que le sea declarada la exequibilidad de la Ley de Financiamiento, una posible declaratoria de inconstitucionalidad de esta, le costaría al país cerca de mil billones de pesos.

Según los cálculos, hay dos escenarios: el primero sería el de la seguridad jurídica “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento, dado que, cumplidos todos los requisitos como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”, sostuvo el ministro Carrasquilla. Lo anterior, traído a valor presente, costaría cada año 1.5 puntos del PIB de crecimiento.

El segundo escenario, de acuerdo con lo que explicó el titular de la cartera de Hacienda, es el de los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos desaparecerían.

“Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta el 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”, manifestó Carrasquilla Barrera.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 2 de febrero de 2019, el Proyecto de Decreto "Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario y se modifica el artículo 1.3.1.12.14. del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria", sobre la exclusión del impuesto sobre las ventas de los bienes que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.