El Gobierno sancionó la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones, más conocida como Ley de Borrón y cuenta nueva.

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El presidente de la República, Iván Duque Márquez, acompañado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, sancionó la Ley de Inversión Social con la que se garantizan $15,2 billones para la atención de los más vulnerables, la reactivación económica y la estabilidad de las finanzas públicas.

La Ley garantiza la continuidad del Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, la reactivación del Subsidio a la Nómina hasta diciembre de 2021 y el fomento a la creación de empleo, especialmente juvenil y femenino, poblaciones con los índices más altos de desempleo en el país.

Por ejemplo, en cuanto a reducción de la pobreza, se proyecta que el impacto de la iniciativa reducirá los niveles de pobreza extrema de 15,1% en 2020, a 6,7% en 2022. También disminuirán los niveles de pobreza moderada de 42,5% en 2020, a 34,3% en 2022. En total, con Ingreso Solidario se beneficiarán 4,1 millones de hogares, equivalentes a 14,3 millones de personas.

En cuanto al programa que busca generar condiciones para contratar jóvenes, mujeres y a la población en general, se proyecta beneficiar 500 mil jóvenes, 216 mil mujeres y generar otros 265 mil puestos de trabajo, recuperando alrededor de 1 millón empleos y recuperar los niveles de desempleo a cómo estaban antes de la pandemia.

En materia de educación, el proyecto incluye la matrícula gratuita como política de Estado, para estudiantes en condición de vulnerabilidad que beneficiará a 695 mil estudiantes del país. De igual forma, los jóvenes también se beneficiarán de medidas de alivio en los créditos otorgados por el ICETEX.

Cabe resaltar que además, se incluyeron medidas para fortalecer el mecanismo de Regla Fiscal, a través de una mayor capacidad técnica e independencia con la creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales y el fomento a la equidad de género en la conformación de dicho comité.

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